Mercenarios provenientes de Colombia, Guatemala y Estados Unidos son contratados para entrenar a los sicarios de los cárteles mexicanos en tácticas militares avanzadas, que incluyen el uso de rifles de francotirador y explosivos improvisados.
Estos mercenarios no sólo ofrecen entrenamiento, sino que también participan directamente como combatientes al servicio de sus contratantes, asegura el periodista británico Ioan Grillo, especialista en crimen organizado, en su artículo titulado “Combatientes extranjeros en la narco guerra de México”, publicado el 18 de octubre en su portal CrashOut Media.
De acuerdo con el periodista, la rivalidad entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha llevado a ambos bandos a reclutar mercenarios, lo que intensifica la violencia en la región.
Cárteles Unidos ha recurrido a mercenarios colombianos para mejorar las habilidades de sus sicarios en tácticas militares avanzadas, que incluyen el uso de rifles de francotirador y explosivos improvisados. En respuesta, el CJNG ha hecho lo propio, contratando a mercenarios extranjeros para sus operaciones paramilitares.
La llegada de mercenarios extranjeros introduce tácticas de combate sofisticadas que complican la lucha de las autoridades. Mientras los colombianos son reconocidos por su experiencia en conflictos armados, otros grupos también participan, como veteranos de las fuerzas especiales Kaibil de Guatemala, así como de pandilleros de Honduras y El Salvador.
En cuanto a los mercenarios de origen estadounidense, Grillo asegura que estos provienen de entre los exmilitares deportados a México, así como de los reclutados en su país
Con información: Latinus.com
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
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Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.