En un Estado de Derecho, los asuntos en materia penal deben tratarse con absoluta seriedad, rigor jurídico y respeto institucional.

En un Estado de Derecho, los asuntos en materia penal deben tratarse con absoluta seriedad, rigor jurídico y respeto institucional. Las fiscalías no pueden ni deben convertirse en instrumentos de presión política, porque cuando la justicia se contamina con intereses ajenos al derecho, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones.

Como abogado, como legislador y como Presidente del Congreso del Estado, considero importante recordar que nuestro sistema jurídico reconoce un trato procesal distinto para determinados servidores públicos, no como privilegio personal, sino como una garantía institucional para el adecuado funcionamiento de los poderes públicos. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece modalidades específicas para la comparecencia de gobernadores, entre otros, particularmente cuando acuden en calidad de testigos.

Y aquí hay que dejar algo muy claro: la Gobernadora del Estado no está siendo señalada como responsable ni imputada de delito alguno; el propio documento (citatorio) refiere una comparecencia testimonial dentro de una investigación federal. Jurídicamente eso hace una diferencia fundamental y obliga a todas las autoridades y actores políticos a conducirse con responsabilidad y precisión.

Por ello, cualquier actuación ministerial debe estar plenamente fundada y motivada. En un documento de esta naturaleza no puede haber imprecisiones jurídicas, contradicciones procesales ni confusión entre figuras aplicables a imputados y aquellas correspondientes a testigos. La legalidad no admite improvisaciones.

El debido proceso, la exacta aplicación de la ley, la seguridad jurídica y la objetividad ministerial no son simples formalidades; son principios constitucionales que obligan a todas las autoridades, sin excepción. Y cuando se trata de investigaciones relacionadas con servidores públicos, la responsabilidad institucional debe ser todavía mayor.

Desde luego, toda autoridad está sujeta al escrutinio legal y debe colaborar con las instituciones de procuración de justicia. Pero también es cierto que las instituciones deben actuar con profesionalismo, objetividad y absoluto apego al marco constitucional.

Y lo digo también con conocimiento personal y político: en Chihuahua tenemos una Gobernadora Maru Campos Galván que siempre ha dado la cara, que nunca se ha escondido de las instituciones y que ha enfrentado cada momento con responsabilidad y carácter. Porque una cosa es la legítima actuación de la justicia y otra muy distinta es intentar generar espectáculos políticos a través de actuaciones deficientes o mediáticas.

México necesita instituciones fuertes, serias y respetadas. La justicia no puede convertirse en propaganda ni en presión política. La ley debe aplicarse con firmeza, sí, pero también con profesionalismo, técnica jurídica y responsabilidad pública.