
La Fiscalía General de la República informó este domingo que impugnará la decisión de un juez de eliminar la medida de prisión preventiva contra Víctor Manuel Garcés, exdirector jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul.
El sujeto fue detenido y se encuentra vinculado a proceso por el desfalco de la cooperativa; enfrenta los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero podría ser liberado tras la decisión judicial.
Ante lo que consideró una “decisión absolutamente ilegal”, la FGR informó que iniciará una carpeta de investigación contra el juez Enrique Beltrán Santes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, por delitos contra la administración pública.
De acuerdo con la fiscalía, aunque la defensa argumentó que la salud del detenido se ha deteriorado desde que se le impuso la medida cautelar el pasado 10 de octubre del 2023, no se pudo acreditar.
El juez también habría señalado que ha tenido buena conducta, pero el Centro Preventivo Varonil Norte no cuenta con un informe al respecto.
Además, el juez habría afirmado que Víctor Manuel no fue informado que tenía un bloqueo en sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
No obstante, la FGR enfatizó que esto se le manifestó el pasado 10 de octubre de 2023,cuando se le informó sobre su medida cautelar.
Y destaca que el juez tampoco consideró en su determinación que hay amenazas contra los testigos del caso ni de la existencia de otro proceso en trámite.
La fiscalía aclaró que se le impuso la medida cautelar porque el sujeto tiene acceso a los domicilios de sus hijas y exesposa, lo que “potencializa el riesgo de sustracción del imputado”.
La Cooperativa Cruz Azul presentó en septiembre una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR por el delito de administración fraudulenta, delincuencia organizada y despojo contra los presidentes del consejo de administración y de vigilancia, Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín.
En oficio dirigido a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, los 715 integrantes de la cooperativa solicitaron la intervención de las autoridades para recobrar sus trabajos y atender las denuncias presentadas.
Con información: Latinus.com