Entre negociaciones secretas y fast track, oficialismo aprobó en el Senado 15 reformas constitucionales en 105 días

Considerado por los propios morenistas como una “vorágine legislativa”, en 105 días el oficialismo con su mayoría en el Senado impuso 15 reformas constitucionales, además de una decena de normas legales y nombramientos, sin tomar en cuenta ninguna propuesta de la oposición.

Al comenzar la LXVI Legislatura el 1 septiembre, Morena, PT y Verde no contaban con la mayoría calificada en el Senado para aprobar reformas constitucionales.

Pero mediante negociaciones, en las que la oposición acusa pudo haber presión, amago y beneficios, Morena fichó inicialmente a los dos únicos perredistas en la Cámara Alta: Araceli Saucedo y José Sabino Herrera. Poco después, el partido en el gobierno sumó de facto al panista Miguel Ángel Yunes Márquez y luego a la priista Cynthia López Castro, para conformar ahora una bancada de 87 legisladores del oficialismo, uno más del mínimo requerido para la mayoría calificada.

La “vorágine legislativa” de Morena, como la calificó en su momento el senador morenista Javier Corral, comenzó el 8 de septiembre con la reforma judicial, un plan propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y cuyo proyecto fue obra de Juan Ramiro Robledo. El dictamen fue aprobado en comisiones y en el pleno por la mayoría morenista sin tomar en cuenta una sola propuesta de la oposición, cuyos integrantes acusaron el fin de la independencia de jueces, ministros y magistrados, cargos que serán sometidos a voto popular.

Esa norma, considerada “la joya de la corona” del llamado Plan C del morenismo, fue aprobada en sesiones maratónicas, incluso de madrugada, y con dispensa de trámites, en virtud de que en ese momento existía una severa crítica de senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de fuertes protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que incluyó una irrupción sorpresiva en la sede del Senado.

Posteriormente, con la misma técnica del fast track y de sesiones maratónicas, Morena y aliados dieron luz verde a las reformas para desaparecer siete organismos autónomos, entre ellos el INAI, la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Coneval, entre otros.

El frenesí legislativo continuó con la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa; leyes para revertir la reforma energética de Enrique Peña Nieto; la reforma para prohibir vapeadores y fentanilo, así como la llamada reforma de inimpugnabilidad o supremacía constitucional, con la que Morena cerró el paso a que cualquier opositor pueda echar abajo sus reformas constitucionales.

En 105 días de discusiones maratónicas en comisiones y en el pleno, el oficialismo concitó unanimidad sobre algunas de sus reformas constitucionales del llamado Plan C, entre ellas la reforma para clasificar como estratégico el transporte ferroviario de bienes y personas; el plan para que el Infonavit construya y rente vivienda; la reforma de protección y cuidado animal; el aumento anual al salario mínimo conforme a la inflación, la erradicación de la brecha salarial por razones de género y la reforma constitucional de pueblos y comunidades indígenas.

Morena también consiguió el respaldo de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en la reforma para dar facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch; la reforma de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También en la reforma para reducir a 65 años la edad para recibir pensión.

Además, la oposición respaldó algunas leyes secundarias impulsadas por el oficialismo; por ejemplo, las reformas en materia de igualdad sustantiva que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, y para el manejo de lenguaje inclusivo para referirse a los cargos públicos; también respaldó utilizar la palabra “presidenta con A” en las leyes y la Constitución

En contraste, la oposición dio la espalda al bloque oficialista en las modificaciones secundarias de la reforma judicial, y en los polémicos cambios a la estructura orgánica del Infonavit, donde se acusó la intención del gobierno federal de apoderarse de los órganos de gobierno del instituto, así como del fondo de ahorro de los trabajadores por más de 2 billones de pesos.

Una reforma constitucional que fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero quedó congelada en el Senado, es la referente a cuando jóvenes que no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado deba contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año. En tanto que la reforma del aumento al salario mínimo conforme a la inflación no ha sido validada por el Congreso de la Unión ni promulgada debido a que no ha logrado el respaldo de al menos 17 congresos estatales.

Entre los nombramientos que Morena impuso con su mayoría fueron: Rosario Piedra, reelecta presidenta de la CNDH; el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, como cónsul de México en Florida; y con el respaldo de la oposición, el de Juan Ramón de Fuente, como canciller, y de Raquel Buenrostro como secretaria de la Función Pública.

En fast track

“¡Qué manera de legislar!”, expresó en tribuna el senador emecista Clemente Castañeda, al cuestionar la prisa de los legisladores de Morena, PT y Verde por aprobar reformas por mayoría, sin consenso y sin un análisis profundo; por ejemplo, la iniciativa de reformas legales al Infonavit que presentó el 12 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum, y aprobada ese mismo día en comisiones y al día siguiente en el pleno.

En su momento, el senador Javier Corral cuestionó: “Yo espero que una vez que pase esta vorágine, haya tiempo, ocasión dentro de Morena y dentro de los grupos parlamentarios, para reflexionar sobre el asumir el ejercicio de todas las decisiones: quien asume todo el poder termina asumiendo toda la responsabilidad”.

Morena, con pendientes clave en su Plan C

En el próximo periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de febrero, Morena aún tiene en la mira diversas reformas legales que se desprenden de las reformas constitucionales que ya aprobó.

Además, pretende impulsar otras reformas que fueron planteadas en febrero del 2024 por López Obrador, entre ellas la reforma electoral, cuya propuesta es reducir el número de legisladores federales y tocaría las facultades del INE; también una reforma para garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos; para que los trabajadores puedan ser dueños de sus viviendas; proscribir en el territorio nacional el maíz modificado genéticamente y el fracking; y elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida, entre otras.

Con información de Latinus.