EU acusa a México de falta de cooperación y gobierno responde con decomiso de 4 toneladas de drogas
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A unas horas de que el gobierno de Estados Unidos aplique aranceles a las exportaciones mexicanas, por su supuesta falta de cooperación en el combate al tráfico de fentanilo y en la detención de personas migrantes hacia su territorio, el gabinete de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer acciones en el combate al narcotráfico en los estados de Sonora y Baja California.
En los operativos participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR); elementos de las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con la información oficial, en Sonora se detuvo a dos personas “que transportaban paquetes con pastillas de fentanilo y heroína; y en un cateo realizado en Baja California aseguraron cuatro toneladas de metanfetaminas”.
La detención de los presuntos traficantes en Sonora, está relacionada con una carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud, agentes del gabinete de seguridad instalaron un retén de revisión de vehículos en la carretera México 15, en el tramo Santa Ana-Hermosillo.
Según el comunicado conjunto, en la inspección de un autobús de pasajeros, “los agentes de seguridad hallaron, en el compartimiento de la llanta de refacción, 36 paquetes emplayados que contenían pastillas de fentanilo de color azul, con un peso aproximado de 18 kilogramos y dos paquetes con heroína con un peso estimado de dos kilogramos”.
Tras el hallazgo, se detuvo a dos hombres que fueron puestos a disposición del agente el Ministerio Público, que determinará su situación legal.
En una segunda acción, el gabinete de seguridad explicó que, como resultado de un cateo en un inmueble ubicado en Playas de Rosarito, Baja California, se aseguraron “alrededor de cuatro toneladas de metanfetamina en 3 mil 209 paquetes, un arma, 64 cartuchos, un tractocamión y una camioneta”.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Desde Palacio Nacional le tienen miedo a la ciudadanía: Generación Z
Esta mañana el movimiento “Generación Z” lanzó un comunicado advirtiendo que el Gobierno Federal tiene miedo de las movilizaciones del próximo 15 de noviembre, por lo que decidió levantar muros alrededor del Palacio Nacional. Aseguraron que aunque se levanten los muros no pararan las exigencias.
Parte de la publicación menciona lo siguiente:
“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro.
Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.
Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”
A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.
Se espera que al menos 70 ciudades de todo el país lleven a cabo manifestaciones por la defensa de México, algunas otras organizaciones se han sumado, así como actores políticos.
Multas nuevas, calles viejas
De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
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