Publican consulta popular en NL sobre derecho de padres a elegir educación para sus hijos

En 2018, Morena promovió, ya como gobierno, una reforma constitucional que desaparece la participación de los padres de familia en el proceso educativo. En esa reforma se plantea que la educación será inclusiva, es decir, con perspectiva de ideología de género. Este planteamiento se logró articular hasta el año 2022 bajo el formato de la Nueva Escuela Mexicana para el periodo 2023 - 2024, y aunque se realizaron diversos actos protestando, recurriendo a tribunales, alertando a la  población e incluso promoviendo amparos, el modelo se aplicó y es el que actualmente está operando en el país.

No solo es ilegal ya que ha desacatado órdenes judiciales, tampoco tomó en cuenta las opiniones de los maestros que ahora se ven obligados a realizar, cada uno por separado y con sus recursos, distintos esfuerzos para poder enseñar a nuestros hijos lo elemental pero sin cohesión pedagógica o unidad estandarizada lo que repercutirá en un descenso en el aprovechamiento escolar.

El gobierno mexicano, ha desaparecido cualquier sistema evaluatorio, precisamente para que no exista una manera científica de comprobar el retraso educativo que está generando. Ya no se aplicará la prueba PISA, que es un examen estándar que se promueve entre países, ni tampoco los sistemas evaluatorios de MEJIORADU (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación) y por eso y muchas otras consideraciones en Iniciativa Ciudadana estamos convencidos de la urgencia de la participación de los padres de familia ante este modelo educativo.

Se ha logrado presentar en el Instituto Electoral de Nuevo León, una solicitud de consulta popular, para que la sociedad pueda manifestar, a través de su voto, si se debe retomar en la constitución del Estado, el concepto de qué  “los padres de familia tienen el derecho preferente de escoger la educación que reciban sus hijos”. Este es un derecho que se encuentra plasmado en tratados internacionales de los que México es parte, y por lo tanto, es un derecho convencional que ha sido ignorado y al que ahira apelamos.

Se requieren 90 mil firmas para avanzar en el proceso y tenemos sólo hasta el mes de julio para lograrlas. Después deberán ser avaladas y la pregunta que iría a consulta deberá ser aprobada por una autoridad judicial. Todo este camino no es sencillo, de hecho ya ha sido impugnado por los grupos de la diversidad sexual, pero estas son nuestras batallas. Se trata de luchar por el futuro de México. Se trata de luchar por la educación de nuestros hijos. Se trata de defender el derecho a la educación, y sobre todo, el derecho que tenemos como padres para vigilar la educación que reciben nuestros hijos. Se trata, ni más ni menos, que luchar por el alma de México.