Dos jueces son investigados por otorgar suspensiones para frenar la reforma judicial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpeta de investigación contra dos jueces que otorgaron suspensiones para frenar la reforma judicial, quienes por tal motivo denunciaron ser víctimas de persecución política.
Los jueces fueron denunciados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encabezado por Mónica Soto, y ayer la FGR les notificó que están siendo investigados por delitos contra la administración de la justicia.
Así lo dieron a conocer los juzgadores, Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán y Gabriela Ruiz Márquez, jueza de Distrito en Jalisco, durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF) de este viernes.
Santamaría Chamú relató que recibió un oficio de la FGR, donde se le solicitó información sobre el juicio de amparo que recibió y en el que concedió una suspensión definitiva con base en la que el Comité de Evaluación del PJF frenó el proceso de selección de candidatos para la elección de junio próximo.
De acuerdo con el juzgador, la Fiscalía le requirió que enviara copias certificadas del expediente de amparo mismo que, conforme a lo informado por Proceso el pasado 27 de enero, envió en original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajo el conflicto derivado de la suspensión que concedió el juez y las resoluciones del TEPJF que señalan que los jueces de amparo no pueden frenar la reforma judicial.
La jueza Ruiz Márquez afirmó que también recibió un oficio similar al de su compañero a raíz de las resoluciones que ha emitido contra la reforma judicial, pues ella concedió el primer amparo en contra de dicha modificación por considerar que el Congreso de la Unión no está facultado para cambiar la Constitución a ese nivel.
“Yo no tengo miedo. Lo he dicho en anteriores ocasiones, mi resolución fue con base en las facultades constitucionales que tengo está fundada y motivada. Hice un estudio exhaustivo del caso, expuse los razonamientos y los diversos argumentos por los que considero que esta reforma está fraguada de vicios que la llevan a su invalidez total”, afirmó.
Agregó que por mayoría de votos el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó el inicio de un procedimiento disciplinario en su contra.
Durante la conferencia estuvo presente el abogado Samir Fajardo Morales, quien recordó que existe una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el acoso a partir de un discurso de odio contra los actuales juzgadores, acoso a partir de amenazas con juicios políticos, demandas administrativas y denuncias penales.
Consideró que las amenazas contra los jueces ya se materializaron con las carpetas de investigación que inició la FGR y aseguró que existen varias más.
“Le estamos pidiendo a la CIDH que active sus funciones de prevención y que no se espere hasta que se violen definitivamente los derechos. La mejor defensa de los derechos humanos es preventiva”, manifestó.
Con información de Proceso.
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Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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