EL HORROR QUE ESTÁ POR VENIR

Una reflexión personal/Luis Villegas
luvimo6608@gmail.com, luvimo6614@hotmail.com

El proceso preliminar de inscripción para los aspirantes a magistrados y jueces que integrarán el Poder Judicial del Estado de Chihuahua ha concluido.

 

La convocatoria, lanzada a fin de garantizar transparencia y pluralidad del proceso, recibió una respuesta significativa, con un total de 906 aspirantes registrados ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para contender por los 307 cargos de magistrados, jueces y jueces menores del Poder Judicial del Estado. Del total, 115 personas aspiran al cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y 64 del Tribunal de Disciplina Judicial.[1] Los números son buenos, sin ser excelentes; empero, sumados a quienes hacia el interior del órgano van a participar, da un número plausible de funcionarios que contenderán.

 

El proceso está muy lejos de concluir; el siguiente paso será la evaluación exhaustiva de los perfiles registrados, que incluirá revisión de antecedentes y verificación de la información; dicha etapa estará a cargo de un comité de evaluación integrado por representantes de cada uno de los tres poderes del Estado.

 

Como era de esperar, a todos los involucrados en el proceso les habitan un montón de buenas intenciones y desde ya se habla de “seleccionar a los mejores perfiles, privilegiando la ética, la experiencia y la independencia judicial como principios fundamentales” y bla bla blá.

 

Le voy a decir dos cosas, querida lectora, gentil lector, más allá de cómo se lleve a cabo el proceso —el aseo, la diligencia, la seriedad y el empeño que en él se ponga—, los resultados podrían llegar a ser desastrosos y nadie puede preverlos. Verá usted, hay dos temas que contrarían las supuestas buenes intenciones alegadas en la exposición de motivos de la otrora iniciativa presidencial y el bodrio de dictamen que finalmente la aprobó:

 

  1. Sobre la corrupción, la iniciativa sólo sirve para alentarla en distintas formas. Llevo semanas viendo cómo magistrados y jueces se muerden las uñas sin saber qué va a ocurrir con ellos; familias, proyectos, carreras, vidas enteras, se verán afectados por las decisiones que tomaron MORENA y sus secuaces, en las dos cámaras, y desde la Presidencia de la República. Muchos de ellos van a hacer lo que tengan qué hacer, cualquier cosa, para ser electos. Ése no es el mejor estado de ánimo para administrar justicia; sin contar que cuando empiecen las campañas estarán absortos durante sesenta días, inmersos, en esa vorágine que se llama “proceso electoral” y buscando votos como locos, hasta debajo de las piedras, y

 

  1. Eso no es lo peor, deveras, lo peor está por venir: imagine usted (no, no lo imagine, delo por hecho), que los cárteles, coludidos con algunos grupos de poder —MORENA principalmente, como ya sabemos, está estrechamente ligada al crimen organizado (ahí están AMLO y Rocha Moya)—, van a estar detrás de candidaturas diversas; ¿qué va a pasar si uno de esos abogados se queda en la rayita para ser electo? La propuesta prevé que las ausencias definitivas serán cubiertas por el siguiente en la lista. Yo le digo lo que va a pasar: muchos jueces que ganen legítimamente la elección van a ser perseguidos, amenazados, secuestras o asesinados; al tiempo, va usted a ver cómo empiezan a “bajarse” en forma sospechosa, en el mejor de los casos, o a morirse, en el peor, algunos de estos funcionarios.

 

Todo, porque la iniciativa es basura y lo único que va a conseguir en envilecer al sistema de administración de justicia nacional. Así que da lo mismo que tan chulo —o rebonito— salga el proceso, el verdadero horror está por venir.

 

Mientras, hay imbéciles e irresponsables que celebran y festejan con farolitos, abalorios y espejitos, mientras ven pasar la tragedia ante sus ojos sin inmutarse e importándoles un comino lo que no sea su propio brillo y oropel. De todo hay en la viña del Señor.

 

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[1] Artículo de Argelia Domínguez titulado: “Aspiran 906 a cargos en el Poder Judicial de Chihuahua”, publicado el 25 de enero de 2025, por el periódico El Diario.

 

Tips al momento

Desde Palacio Nacional le tienen miedo a la ciudadanía: Generación Z

Esta mañana el movimiento “Generación Z” lanzó un comunicado advirtiendo que el Gobierno Federal tiene miedo de las movilizaciones del próximo 15 de noviembre, por lo que decidió levantar muros alrededor del Palacio Nacional. Aseguraron que aunque se levanten los muros no pararan las exigencias.  

Parte de la publicación menciona lo siguiente: 

“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro. 

Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.

Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”

A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.

Se espera que al menos 70 ciudades de todo el país lleven a cabo manifestaciones por la defensa de México, algunas otras organizaciones se han sumado, así como actores políticos. 


Multas nuevas, calles viejas

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.

 

Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.

 

Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

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