Madres buscadoras: las mujeres que enfrentan el horror de las desapariciones en México

La desaparición de algún familiar las convirtió en activistas, a la fuerza. Cuando se dieron cuenta de que no se trataba de casos aislados, sino masivos, sistemáticos, se organizaron en colectivos. Envueltas en el dolor y la incertidumbre, dejaron de ser humildes amas de casa o trabajadoras para transformarse en inesperadas especialistas forenses. Ignoradas y maltratadas por el Estado, tuvieron que salir a buscar a sus seres queridos con pico y pala para escarbar la tierra. Hoy, claman justicia.

Se trata de las 'Madres buscadoras' que indagan el paradero de las más de 127.000 personas desaparecidas que hay en México, según los datos oficiales, y que es en una de las tragedias humanitarias más graves en América Latina.

Estas mujeres repiten el ejemplo de otros colectivos femeninos con trascendencia histórica que atravesaron procesos similares, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina; las Madres de Srebrenica, de Bosnia y Herzegovina; o las Madres Centroamericanas que cada año marchan para exigir que las autoridades encuentren a sus hijos e hijas desaparecidos.

En el caso de México, las 'Madres buscadoras' tienen un antecedente añejo y directo en Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que en 1975 padeció la desaparición de su hijo Jesús, de 21 años, lo que la llevó a fundar el prestigioso Comité ¡Eureka! que buscaba a las personas desaparecidas durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría (1970-1976).

Más tarde, Ibarra de Piedra llegó a convertirse en la primera mujer candidata a la presidencia en la historia de México (en 1982 y 1988) y construyó una larga carrera como política de izquierda. Pero jamás encontró a su hijo.

Ese destino es el que tratan de evitar las 'Madres buscadoras' que están organizadas en cientos de colectivos en todo el país y que en 2011 comenzaron a unificarse cada 10 de mayo, Día de la Madre, para realizar la Marcha Nacional por la Dignidad. Desde entonces, cada año recuerdan que ellas no tienen nada que celebrar.

La historia

El reporte de desapariciones de México toma 1952 como punto de partida, aunque recién en 1969 se documentó la primera desaparición forzada: el caso de Epifanio Avilés Rojas, un profesor secuestrado por soldados en el estado de Guerrero del que nunca más se volvió a saber nada. Ya pasaron más de 50 años y los familiares siguen exigiendo que el Estado responda por sus crímenes.

En los años 70, el presidente Luis Echeverría ordenó la persecución, tortura y desaparición de cientos de personas en el periodo conocido como "la guerra sucia". En los sexenios siguientes los casos de desapariciones se acumularon anualmente por decenas.

De acuerdo con un recuento elaborado por RT con base en las cifras oficiales, durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982) hubo 276 denuncias. Con Miguel de la Madrid (1982-1988) bajaron a 62. En la gestión de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) volvieron a subir y alcanzaron los 102 casos. Con Ernesto Zedillo (1994-2000) se duplicaron a 203.

Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) hubo un drástico aumento y terminó con un legado de 1.324 denuncias de desapariciones. Pero la verdadera crisis llegó con Felipe Calderón, quien al asumir, en 2006, declaró una guerra contra el narcotráfico que sólo dispersó a los cárteles y exacerbó la violencia. Dejó un saldo de 25.000 desaparecidos.

En ese periodo nacieron las 'Madres buscadoras' que salieron a las comisarías a denunciar la desaparición de sus hijos o de sus parejas; que preguntaron por ellos en hospitales y en cárceles; que escarbaron lotes baldíos, localizaron fosas clandestinas y aprendieron técnicas forenses; que se agruparon en organizaciones como Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Fuerza Unidas por Nuestros Desaparecidos, Las Rastreadoras, Corazones sin Justicia de Sinaloa, Madres Buscadoras de Sonora, Madres Unidas y Fuertes de Baja California, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando, Sabuesos Guerreros, Buscadoras de Nuevo León, Buscadoras de la Paz, Hasta Encontrarte, Voz de los Desaparecidos en Puebla… 

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto (20012-2018), las desapariciones aumentaron a cerca de 40.000. Con Andrés Manuel López Obrador, sumaban 100.000. Y con Claudia Sheinbaum, la cifra crece a diario.

Desde 2006 hasta ahora, tres partidos distintos se alternaron el poder pero todos dejaron solas a las Madres Buscadoras. Por ser de izquierda, algunos colectivos confiaron en que López Obrador los ayudaría, pero el expresidente solo se centró en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y jamás quiso recibir al resto de las organizaciones.

Sheinbaum siguió esta misma estrategia durante sus primeros meses de Gobierno, hasta que en marzo el hallazgo de un centro de exterminio en Jalisco provocó una crisis política que la obligó a hablar por primera vez de las desapariciones masivas y a diseñar una estrategia para atender a los familiares que está cargada de tensión por los reclamos de víctimas que esperan, por fin, ser escuchadas.

Tragedia interminable

Buscar a las personas desaparecidas y exigir justicia, en México, puede costar la vida.

El 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo fue ejecutada a sangre fría mientras protagonizaba un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Reclamaba justicia por su hija Rubí Marisol Frayre, una adolescente de 16 años a la que su novio, Sergio Rafael Barraza, mató y desapareció.

Escobedo, que tenía 52 años al momento de su muerte, evidenció la corrupción e impunidad que enfrentan los familiares de desaparecidos en este país. Fue ella quien investigó, la que buscó a su hija por todos los medios. Sin apoyo de las autoridades, logró que Barraza fuera detenido pero, a pesar de que el hombre confesó el crimen, al final fue declarado inocente. Ya libre, se unió al Cártel de los Zetas.

Los restos de Rubí no fueron encontrados. Escobedo jamás cesó en su lucha para que hubiera justicia, hasta que las permanentes amenazas que recibía, se concretaron. El caso desató una de las tantas conmociones que enfrentaría el movimiento de derechos humanos en México en los años siguientes. Hasta ahora, han sido asesinadas 27 personas que buscaban a sus familiares.

La mayoría de ellas eran mujeres. La más reciente fue Teresa González Murillo, miembro del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos, de Jalisco, quien falleció el 2 de abril después de haberse resistido a un secuestro en su casa. Sus atacantes le dispararon en el rostro. La madre buscadora se convirtió así en un ejemplo más de la desprotección que padecen los activistas de derechos humanos en un país que no deja de sangrar.

Con información de actualidad.rt.com