Proponen castigar a los “montachoques” con 8 años de prisión y hasta 113 mil pesos de multa
Este jueves se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma para tipificar el delito de fraude por colisión vehicular, popularmente conocido como “montachoques”, para que el delito sea sancionado hasta con ocho años de prisión.
La propuesta de reforma, presentada antes las comisiones de Movilidad y Justicia, buscaría modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que se castigue este tipo de fraude o extorsión y para que se hagan campañas de prevención de este delito.
De aprobarse, se impondría una pena de 4 a 8 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida Actualizadas (entre 56 mil 570 y 113 mil 140 pesos) a quienes, con el propósito de obtener un beneficio económico, “provoquen intencionalmente una colisión de tránsito, con el fin de engañar, amenazar o extorsionar a la víctima para obtener dinero o cualquier otra contraprestación”.
Además, esta sanción podría aumentar hasta en una mitad si se emplea violencia física o moral en contra de la víctima, se actúe con dos o más personas, se usan documentos o identidades falsas, o si participa un servidor público, quien en su caso también sería inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Autoridades deberán concientizar sobre “montachoques”
La iniciativa de reforma también plantea que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes implemente campañas de prevención y concientización sobre los riesgos y medidas de protección ante un “montachoques”.
Por su parte, las autoridades de seguridad deberán establecer protocolos de atención para los automovilistas que sean víctimas de este tipo de fraude o extorsión, garantizando su protección y acceso a una denuncia segura.
Lo anterior debido a que las víctimas de “montachoques” muchas veces prefieren no denunciar ante el temor a represalias.
De acuerdo con la justificación de la iniciativa, en el Estado de México se han registrado 95 casos de este tipo de delitos en lo que va del año. Por ello, el diputado Emilio Manzanilla del Partido del Trabajo, quien presentó la iniciativa, considera que tipificar este delito es una “medida urgente” para combatirlo.
La iniciativa deberá ser discutida y aprobada en comisiones para después llevarse al pleno de la Cámara de Diputados.
Con información de: Animal político.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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