
Ciudad de México, 14/03/26 (Más).- Al menos 25 políticos mexicanos han sido señalados en investigaciones, informes de inteligencia, reportes periodísticos o procesos judiciales por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal encabezada durante años por Nemesio Oseguera Cervantes.
Los casos abarcan alcaldes, diputados, senadores e incluso gobernadores en diversas entidades del país.
De acuerdo con información publicada por el portal EME EQUIS, el recuento incluye a funcionarios o exfuncionarios que se encontraban en funciones al momento de los señalamientos, o que fueron detenidos, asesinados o procesados durante el ejercicio de su cargo.
Los expedientes se basan en reportes de prensa, investigaciones oficiales y documentos filtrados de inteligencia.
Según el estudio citado de AC Consultores, la organización criminal llegó a tener presencia en 28 estados del país y una influencia directa en al menos 427 municipios, lo que evidencia el alcance territorial de su estructura y su posible infiltración en distintos niveles del poder político.
Entre los casos mencionados se encuentra la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, cuyo ayuntamiento apareció en una presunta “narconómina” difundida tras la muerte de Oseguera Cervantes.
También figura el exalcalde interino de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro, detenido en 2025 bajo acusaciones de secuestro, desaparición y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, además de supuestos vínculos con el crimen organizado.
En Jalisco, el exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido en 2026 dentro de la llamada Operación Enjambre.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el exfuncionario era investigado por presuntos esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras, además de posibles conexiones con una célula del CJNG.
Otro caso citado es el del senador Carlos Lomelí Bolaños, cuyo nombre ha estado relacionado con polémicas empresariales y con reportes que lo vinculan indirectamente con actores políticos investigados por nexos con el cártel.
Asimismo, el exalcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, fue detenido tras investigaciones relacionadas con el rancho Izaguirre, señalado como presunto centro de reclutamiento criminal.
En Michoacán, varios alcaldes y legisladores han sido mencionados en informes de inteligencia militar filtrados en el caso conocido como Guacamaya Leaks, donde se documentaron posibles vínculos de autoridades locales con organizaciones criminales.
La lista incluye además a personajes de alto perfil nacional, como el diputado federal Cuauhtémoc Blanco, quien fue fotografiado junto a presuntos operadores criminales, y al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, mencionado en reportes de inteligencia militar sobre posibles relaciones con el CJNG.
También se mencionan al senador con licencia Adán Augusto López Hernández, señalado políticamente por presuntos nombramientos de funcionarios relacionados con grupos criminales en Tabasco, así como al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, vinculado en reportes mediáticos a reuniones con presuntos operadores del cártel.
El recuento subraya que muchos de estos señalamientos no han derivado necesariamente en sentencias judiciales, pero sí forman parte de investigaciones abiertas o reportes de inteligencia que apuntan a una posible infiltración del crimen organizado en estructuras políticas locales y federales.
Especialistas en seguridad han advertido que el alcance territorial del CJNG y su capacidad de influencia representan uno de los mayores desafíos para las instituciones del país, especialmente en contextos electorales y en regiones donde la presencia del Estado es limitada.
Con información de Massinformación.