Al menos 13 candidatos a cargos en el Poder Judicial son relacionados con el narcotráfico y violencia en la primera elección judicial

EFE.- Tras un poco más de dos semanas del inicio de las inéditas campañas judiciales de México, ya hay más de una docena de candidatos acusados por organizaciones civiles de tener vínculos con el narcotráfico, asesinatos o criminales, lo que muestra los riesgos de elegir por voto popular a jueces, denuncian varias ONG defensoras de los derechos civiles.

Ante la elección del 1 de junio, el grupo Defensorxs documentó 13 "candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades" en el sitio "Justicia en la mira", donde resalta Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Delgado, candidata a jueza penal local en el estado de Chihuahua, se integró al equipo de defensa del "Chapo" en 2016, cuando "su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica", según la asociación.

También sobresale Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal de Michoacán, donde está acusado de pactos con criminales, le apodaban "el fiscal del terror" cuando ocupó tal cargo (2020-2022) y está señalado por posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.

"No podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia", denunciaron la agrupación y otras siete en un pronunciamiento.

La justicia envuelta en polémica

La polémica escaló esta semana porque Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al colectivo Ni Una Más Hermosillo, que lo acusa de negligencia como director del sistema penitenciario local, donde falleció la joven Paula Josette durante una visita conyugal irregular.

Briseida Arizona Velarde, madre de la víctima, lamentó en una entrevista con EFE que el INE, encargado de organizar los primeros comicios populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte, permitió la candidatura del exfuncionario, acusado de omisiones en los protocolos de seguridad de este y otros casos.

“Es una burla, muchos candidatos incumplen requisitos mínimos del perfil al puesto que aspiran, en funciones anteriores violentaron derechos humanos, hubo omisiones, negligencias, no actuaron conforme a su responsabilidad pública, es lamentable que por desconocimiento vayamos a votar, sin conocer a los candidatos", expresó la madre.

Ni Una Más Hermosillo denunció las presuntas omisiones de Cangiamilla, quien tuvo a su cargo las cárceles de Sonora hasta su remoción en 2024, cuando Paula Josette murió en un penal a los 23 años, supuestamente por infarto, aunque un peritaje posterior indicó signos de violencia y ocho exfuncionarios quedaron detenidos.

El candidato Nicollino denunció al colectivo ante el INE para exigir que identifique a todas las activistas y dejen de evidenciarlo.

"Los colectivos alzaron la voz, muchos aspirantes no cumplen requisitos por su historial y el INE, antes de autorizar candidaturas, debería investigar la trayectoria de aspirantes", opinó Arizona Velarde.

Una integrante del colectivo, que prefirió el anonimato, denunció que una mujer fue "hostigada en documentos oficiales llevados a su casa, donde el INE exige los nombres y direcciones de feministas".

"No deberían perseguir activistas que buscamos un cambio en el Estado, sino perseguir a delincuentes que buscan otro cargo, cuando incumplieron sus responsabilidades”, afirmó a EFE.

A la protesta se unieron más de 20 agrupaciones que avisan que no callarán ni permitirán que el exfuncionario llegue a magistrado.

Casi 100 millones de electores pueden elegir el 1 de junio 881 cargos federales de entre 3 mil 422 candidaturas, incluyendo la Suprema Corte, tras una reforma constitucional promulgada en septiembre por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Con información de Latinus

Tips al momento

Aliados del senador Loera responden a críticas de Carlos Castillo

Luego de las declaraciones del diputado Carlos Castillo en contra del senador Juan Carlos Loera de la Rosa, personas cercanas al legislador salieron públicamente a defenderlo y a cuestionar los señalamientos.

A través de redes sociales, Martha Serrano calificó de incongruentes los ataques de Castillo, recordando que antes se refería a Loera como su amigo. Además, señaló que el conflicto tendría su origen en diferencias dentro del grupo político que encabeza Ariadna Montiel.

En su mensaje, Serrano expresó respaldo total a Loera y aseguró que es una de las mejores opciones para gobernar Chihuahua.


Aparecen promocionales de Álvaro Bustillos en medios nacionales

A pesar de lo dicho anteriormente por el Presidente de la UGRCH, Álvaro Bustillos, en donde aseguró que no tenía ninguna aspiración política, hoy una imagen promocional de su persona aparece en un medio nacional…

El banner del presidente Bustillos, tapizó este día el medio nacional de comunicación “Latinus”, reconocido por ser uno de los periódicos digitales que más destacan por su contenido de oposición a la 4T.

La imagen publicitaria que se encontró en varias partes de este medio de comunicación, contiene la leyenda “Álvaro Bustillos: En defensa de los ganaderos y productores Chihuahuenses”, con su imagen a un lado. Cabe mencionar que esta imagen redirige a una nota del medio Excélsior. 

Esta no es la primera vez que el presidente Bustillos promociona su trabajo como titular de la Unión Ganadera, pues hace unas semanas comenzó a circular un mensaje con sus logros como presidente, texto que negó financiar…

Por cierto, aunque el no se ha pronunciado sobre algún puesto en especifico, su nombre comienza a sonar para una diputación federal...


Dos estados panistas en el top 3 de homicidios dolosos 

En los índices delictivos presentados esta mañana durante conferencia matutina, destacaron dos estados panistas de los demás en el ámbito de homicidios dolosos. 

Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos. 

No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791. 

A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad. 


Pretende UACH vender rancho agrícola 

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado. 

Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo. 

Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola. 

Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público. 


Pablo Héctor González en queja contra nuevo modelo judicial ante la CIDH

El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado  para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.

Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.

De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.

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