Doh49tqEl presidente de Coparmex Juárez, Mario Cepeda, se refirió la nota diplomática que la presidenta Claudia Sheinbaum, envió el gobierno norteamericano por la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump, para ceder terrenos para una base militar en la frontera entre ambos países, al señalar que, ese gobierno y país son autónomos y pueden tomar las decisiones que consideren y les favorezcan.Doh49tq Omnia.com.mx
Doh49tqEl hecho de tener soldados en la franja fronteriza mientras no se generen una incursión hacia territorio nacional, no estarían afectando la soberanía de nuestro país, dijo, el líder empresarial. Doh49tq Omnia.com.mx
Doh49tqSegún comentó, el gobierno de mexicano debería sensibilizar o socializar las acciones del gobierno americano y tratar de inhibir o evitar que ciudadanos mexicanos y de otras ciudadanías, que pretendan cruzar hacia ese país, se expongan a los riesgos que esto les pudiera llegar a implicar.Doh49tq Omnia.com.mx
Doh49tqEstas son parte de las decisiones que ha tomado el presidente Trump, explicó, a efecto de controlar tanto la migración como el tráfico de droga, especialmente de fentanilo. Ellos están haciendo lo que consideran lo que es necesario y prudente para controlar estos dos fenómenos.Doh49tq Omnia.com.mx
Doh49tqComentó que, en la región del Paso, Texas, tiene décadas con Fuerte Bliss, hemos estado conviviendo todo este tiempo con el ejército americano, entiendo que ayuda a mantener a esa ciudad como una de las más seguras dentro del territorio americano, algo que deberíamos de emular de estas acciones del lado mexicano, para tratar de mejorar las condiciones de seguridad en general, apuntó.Doh49tq Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.