La empresa TResearch International, dio a conocer que, ayer, en México hubo un registro de 60 homicidios dolosos; de los cuales 4 se registraron en Chihuahua, que se ubicó en tercer lugar en la estadística nacional.
El primer lugar de la gráfica respectiva fue para Sinaloa y Veracruz, entidades en las que se contabilizaron 6 asesinatos, en cada una de estas.
En segundo sitio, se colocó Guanajuato, con 5 víctimas de este delito.
Con los 60 homicidios registrados ayer, en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se tiene un acumulado de 16 mil 282 casos de este delito.
La empresa experta en estadísticas informó que, antier, el número de asesinatos contabilizados fue 66 y que, hace tres y cinco días, la estadística fue de 51 y 55, respectivamente.
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Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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