A17Vr3QLa presidenta del PAN, Daniela Álvarez Hernández y la diputada federal, Rocío González Alonso, sostuvieron que las reglas que aprueba Morena son por los actos anticipados y el nepotismo de Andrea Chávez, quien puso en Licona a su hermano Gregorio Chávez y enfrenta como senadora denuncias por corrupción.A17Vr3Q Omnia.com.mx
A17Vr3Q“Más bien yo lo catalogo como una lucha encarnizada, donde todos contra todos, justamente creo que los lineamientos de los que tú hablas se dan por el uso descarado del recurso público, porque hay que recordar el manotazo que dan en la mesa cuando al centro de toda esta discusión justamente se encontraba la senadora… la senadora tiene que explicar de dónde sacó el recurso para toda esa operación multimillonaria que ha traído a lo largo y a lo ancho del estado de Chihuahua”, dijo Daniela Álvarez, A17Vr3Q Omnia.com.mx
A17Vr3QDaniela Álvarez se refirió al hermano de Andrea Chávez, “más allá del nepotismo que sí existe y el tema aquí no es siempre ni el hermano, estamos hablando de Chihuahua, de un gran problema, que duele a los chihuahuenses, como es el problema con los lecheros, en donde el principal responsable de ese problema, es el hermano de la senadora, tengo que decirle a la senadora que se siente con su hermano y a ver, vamos a resolver esta problemática, ella es quien lo puso ahí, él está ahí justamente por ser el hermano de la senadora”, acotó.A17Vr3Q Omnia.com.mx
A17Vr3Q“Si hay un tema de nepotismo y ella tiene que responder a la pregunta expresa, no le estamos preguntando por un actor o una otra persona del resto del país y sus relaciones familiares”, dijo al señalar que Andrea Chávez evade la pregunta y señala a Kenia López Rabadán.A17Vr3Q Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.