La lista

La lista se ha vuelto el tema de discusión en México ahora. Me refiero, desde luego, a la idea de que existe dentro del gobierno de los Estados Unidos una enumeración o bitácora precisa de nombres de políticos mexicanos que, según la administración Trump, de una manera u otra, están vinculados al narcotráfico. Son, se supone, parte del crimen organizado, o cómplices, o beneficiarios. La lista, que en ocasiones se atribuye al secretario de Estado, Marco Rubio –y entonces se le denomina la “lista Rubio”– o que se considera que proviene más bien de Homeland Security o de la misma DEA, y sobre todo de su nuevo director que fue jefe de la oficina de la agencia en México durante un tiempo, parece ser contundente y fuente de muchas posibles agresiones a México, o en todo caso al gobierno actual.

Con más autoridad que otros, ayer el excorresponsal de The New York Times en México, Tim Golden, publicó un nuevo artículo en ProPublica donde asegura que la lista existe, que se lo confirmó una fuente de alto nivel dentro del gobierno de Estados Unidos, y describe las posibles expresiones de la publicación de dicha lista. Dice Golden, y ya lo han comentado varios columnistas mexicanos, que para empezar se revocará la visa de los integrantes de la lista para pasar después, tal vez, a congelar cuentas y activos de los que aparecen en ella dentro de Estados Unidos, si es que hay tales activos o cuentas. Y, más adelante, quizás, el gobierno de Estados Unidos adoptará medidas más extremas en contra de quienes ahí figuran.

Huelga decir que no tengo la menor idea si dicha lista existe. Tampoco sé si les sucederán todas estas calamidades a quienes pertenecieran a la misma en caso de ser real. Guardo la sospecha de que hay sectores, o agencias, o individuos dentro de la nueva administración norteamericana que en efecto han confeccionado esta lista, y que quisieran que Trump procediera de una determinada manera en relación a la misma. No estoy seguro, y más bien dudo, que la dichosa lista haya sido palomeada en niveles superiores de la administración en Washington. Menos aún que el propio Trump, o en todo caso funcionarios de nivel de gabinete en su gobierno, hayan resuelto actuar en contra de las personalidades que aparecen en la lista de la manera en que se ha descrito en las publicaciones que mencioné. Me da la impresión que más bien lo que hay es un intento de algunos sectores para que se lleve a cabo una acción de este tipo, y que incluso la filtración del hecho, y tal vez muy pronto, de los nombres involucrados, tiene por propósito el presionar a otras agencias dentro del gobierno para que procedan de esa manera.

En todo caso, debemos prepararnos para que alguien filtre, realmente y con pruebas, los nombres en cuestión, y que los medios mexicanos –o de ser imposible los de Estados Unidos– investiguen qué represalias busca ejercer el gobierno de Trump contra esas personas. No hablamos desde luego de la lista de Shindler, sino de una lista de la infamia, de la corrupción y de la complicidad, en caso de existir. Y volveríamos al mismo dilema tantas veces descrito en los últimos años en México: ¿cuáles son las fuentes de la lista? Pues los testigos protegidos mexicanos que se han entregado o han sido detenidos por el gobierno norteamericano. Y, efectivamente, si lo que cantaron y contaron valió para García Luna, pues vale para los figurantes en la lista.

Jorge G. Castañeda

Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros: Las dos izquierdas y Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia.

Tomado de Nexos