
La diputada Brenda Ríos, en representación del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado de Chihuahua, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el fin de garantizar que ningún relleno sanitario sea autorizado o renovado sin consulta pública y participación ciudadana.
La propuesta responde a las denuncias de vecinas y vecinos por los efectos negativos del actual relleno sanitario en la ciudad de Chihuahua y a la falta de transparencia del Gobierno Municipal en el manejo de este tema. Según Ríos, el presidente municipal Marco Bonilla ha tomado decisiones unilaterales y sin diálogo con las comunidades afectadas.
La iniciativa propone:
• Publicar los proyectos desde el inicio del trámite.
• Incluir una consulta pública formal y vinculante.
• Negar autorizaciones si hay evidencia técnica o social de daño.
• Evaluar el desempeño antes de renovar permisos.
Ríos recordó que México está obligado por el Acuerdo de Escazú a garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones ambientales, y enfatizó: “No puede haber justicia ecológica sin democracia participativa.”

El aumento en las tarifas de casetas en Chihuahua generó controversia luego de que la senadora Andrea Chávez acusara a la gobernadora María Eugenia Campos de impulsar un “tarifazo”.
No obstante, el ajuste responde a disposiciones federales: las tarifas son definidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se actualizan conforme a la inflación con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que no dependen directamente del gobierno estatal.

El aumento en las tarifas de casetas en Chihuahua generó controversia luego de que la senadora Andrea Chávez acusara a la gobernadora María Eugenia Campos de impulsar un “tarifazo”.
No obstante, el ajuste responde a disposiciones federales: las tarifas son definidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se actualizan conforme a la inflación con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que no dependen directamente del gobierno estatal.
