Precandidato Miguel Uribe lucha por su vida mientras explosiones sacuden el suroeste de Colombia
El senador colombiano Miguel Uribe, aspirante a la candidatura de su partido para las elecciones presidenciales del 2026, permanece estable dentro de su condición crítica después del atentado a bala del que fue víctima, mientras una escalada de ataques con explosivos sacudió el martes el suroeste del país.
El político, de 39 años y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue atacado el fin de semana por un joven de 15 años que le disparó con una pistola mientras participaba en una reunión en un barrio del occidente de Bogotá.
"El paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, con todo el monitoreo y los cuidados que requiere, permaneciendo en estado crítico", dijo el martes un comunicado de la clínica Fundación Santa Fe, en donde el político fue sometido a una intervención neuroquirúrgica.
"En esa franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones realizadas en estas horas recientes mantienen su condición", precisó. El senador recibió dos impactos de bala en la cabeza y otro en la pierna izquierda, según la Fiscalía General que investiga el atentado.
Pese a la condición crítica reportada por la clínica, la esposa de Uribe, María Claudia Tarazona, dijo que el político continúa dando la batalla por su vida.
"Miguel es un guerrero. Sigue luchando por su vida. Sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal", declaró Tarazona a periodistas en la clínica en donde se levantaron altares improvisados con imágenes religiosas y de Uribe como parte de una cadena de oración por su salud.
El ataque, grabado en decenas de videos difundidos por las redes sociales, conmocionó a Colombia, provocó rechazo a nivel nacional e internacional y recordó la época de violencia que sufrió el país hace más de tres décadas cuando cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados en ataques separados atribuidos a narcotraficantes aliados con escuadrones paramilitares.
Escalada de ataques
Las campañas para las elecciones presidenciales del 2026 apenas comienzan y Uribe, quien proviene de una prominente familia política, promueve la libre empresa y la recuperación de la seguridad enfrentando con mano dura el narcotráfico y los grupos armados ilegales que, asegura, aumentaron su control territorial en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En medio de la expectativa por la salud de Uribe, las autoridades militares y de policía reportaron que al menos siete personas murieron y más de 50 resultaron heridas en 19 ataques con explosivos en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, en el suroeste de Colombia.
Los atentados fueron atribuidos por la policía y el ejército al Estado Mayor Central, una disidencia de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió a un acuerdo de paz en el 2016.
Los ataques con carros bomba, motocicletas cargadas con explosivos y drones se extendieron a Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia y la capital del Valle del Cauca, en donde se registraron tres explosiones que dejaron dos personas muertas y 42 heridas, anunció el alcalde, Alejandro Eder.
Aunque no son claras aún las motivaciones del ataque contra Uribe ni se han identificado a los responsables, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo el lunes que se analizan diferentes teorías, que incluyen la intención de desestabilizar al Gobierno.
Petro aseguró en su cuenta de X que su Gobierno y la oposición tienen indicios muy fuertes de que el autor del atentado contra Uribe "sería la mafia con asiento internacional", pero no presentó pruebas ni precisó detalles.
El joven que le disparó a Uribe resultó herido en una pierna en la reacción de los escoltas antes de ser capturado y fue acusado de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas por lo que deberá permanecer hasta ocho años en un centro de rehabilitación, pero no en una cárcel, aseguró Camargo.
El senador hace parte de una familia de políticos. Su abuelo materno, Julio César Turbay, fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 en una fallida operación de rescate de la policía mientras permanecía secuestrada por el Cartel de Medellín que dirigía el narcotraficante Pablo Escobar.
Con información de: El economista.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Notas recientes
Las más leídas
