Sinaloa, 14 años con su seguridad bajo control militar, pero sin lograr frenar la violencia
El pasado 17 de junio, Alejandro Bravo Martínez fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM). El Coronel, con más de 25 años de servicio en el Ejército Mexicano, ahora se suma a la creciente lista de militares que en Culiacán y Sinaloa han asumido cargos en dependencias locales encargadas de garantizar la seguridad, prevenir y combatir el delito y proteger a la ciudadanía. Abonando con ello a la militarización del Estado.
Desde 2011, la mayoría de los secretarios de seguridad de Sinaloa ha sido personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a un estudio realizado por México Evalúa.
Durante la administración del gobernador Mario López Valdez, quien llegó al poder tras una alianza entre el PAN, PRD y Convergencia, se nombró al Comandante Francisco Manuel Córdova como secretario de seguridad pública de Sinaloa. Se mantuvo en el cargo durante 2.4 años, desde enero del 2011 hasta enero del 2013.
En 2017, el gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordáz Coppel, nombró al General Genaro Robles Casillas secretario de Seguridad Pública. Duró en el cargo 1.53 años, hasta que fue cesado en julio del 2018.
Tras su salida,Ordáz Coppel colocó en la Secretaría al General Inocente Fermín Hernández Montealegre, un militar especializado en inteligencia para el combate a la delincuencia. Duró menos de un año en el puesto, para integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Después de Hernández Montealegre, el militar Cristóbal Castañeda Camarillo fue nombrado por Ordaz Coppel, como secretario de Seguridad, un nombramiento que fue ratificado por el siguiente gobernador Rubén Rocha Moya. Por lo que, se mantuvo en el cargo durante 4.75 años.
En septiembre del 2023, Rocha Moya colocó en el puesto al general Gerardo Mérida Sánchez, quien renunció al cargo en diciembre del 2024.
Fue sustituido por el general Óscar Rentería Schazarino, siendo el militar que se encuentra actualmente en el puesto.
A nivel municipal, en Culiacán también se le ha dado continuidad a la estrategia de militarización, pues Alejandro Bravo Martínez no es el único militar que ha sido nombrado titular de la SSPyTM. En 2022, estuvo al frente Pedro César Rojas Ibarra, adscrito a la Guardia Nacional; en 2021 se nombró a Mauricio García Rodríguez, coronel de infantería retirado y durante 2017 y 2021 el titular de la SSPyTM fue el Coronel Óscar Guinto Marmolejo.
Esto indica que si bien actualmente tanto la capital como el Estado de Sinaloa tienen a militares al frente de las Secretarías de Seguridad Pública, no es algo nuevo, sino que se viene repitiendo en cada administración estatal
¿Puede la militarización acabar con la violencia?
La estrategia de fortalecer la seguridad de una entidad mediante la experiencia castrense tiene diversas implicaciones e impactos en la seguridad pública de una región. De acuerdo con organizaciones internacionales como México Evalúa y Amnistía Internacional, la militarización no tiene un impacto significativo en la pacificación de una región, pero sí en el control político, la disminución de la proximidad ciudadana y la generación de violaciones a los derechos humanos.
Mientras que a nivel local, organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (CESP) han decidido dar el voto de confianza a los titulares actuales de estos cargos, enfatizando la necesidad de su experiencia militar ante el contexto actual de violencia que se vive en Sinaloa generada por la “guerra” entre facciones internas del Cártel de Sinaloa.
Consecuencias principales de poner a militares en cargos de seguridad pública local
Armando Vargas Hernández, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, indicó que el colocar a militares en cargos de seguridad pública local tiene dos consecuencias principales. En primer lugar la transformación de la manera de implementar la política pública que sustituye los modelos de prevención por una aproximación más punitiva, reactiva y sancionatoria. En segundo lugar, la adopción de prácticas castrenses que se refleja en menos rendición de cuentas, menos transparencia y mayor jerarquización en la toma de decisiones.
“Estos cambios son promovidos por los titulares de las dependencias, entonces, un efecto es, insisto, directo e inmediato, que es la manera en que se implementa la política pública, la manera en cómo se combate el delito a través de la fuerza, la reacción y la sanción y un segundo impacto menos visible tiene que ver con la transformación de las prácticas institucionales dentro de las dependencias de seguridad”, explicó.
¿La violencia disminuye con políticas de militarización?
De acuerdo al estudio “La otra militarización” de México Evalúa, en las regiones donde se implementan políticas de militarización, la violencia no tiende a disminuir, sino a incrementar.
“Eso está en sintonía con mucha de la literatura internacional y la explicación es bastante sencilla, cuando sumas militares que están entrenados para la eliminación del enemigo en un territorio de mucho conflicto criminal, por ejemplo, pues están sumando capas a la violencia, entonces, eso va a propiciar confrontaciones violentas que van a derivar mayor violencia homicida”, explicó Vargas Hernández.
En cuanto a la rendición de cuentas, indicó que en teoría los militares deberían responder ante el gobierno estatal al haber sido nombrados por el gobernante en turno, pero en la práctica sus altos mandos responden directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y, por extensión, al Ejecutivo Federal.
“Si bien el gobernador es el que coloca y remueve y en ese sentido es a quien se le rinde cuenta, pues muchos de los perfiles que vemos en varios de los estados son fieles a la SEDENA y por descuento al Ejecutivo Federal”, dijo.
Por su parte, para Amnistía Internacional la estrategia de seguridad pública militarizada ha fallado, pues los homicidios en México incrementaron un 218% entre 2006 y 2022. Además, “miembros de las corporaciones militares mexicanas han cometido con frecuencia crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad”.
Por su parte, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, indicó que si bien una recomendación de la ONU es que los asuntos de policías sean manejados por personal civil, en el caso del nombramiento reciente de Alejandro Bravo decidió darle el beneficio de la duda.
“Sin embargo, señalo lo siguiente, fue invitado por el presidente municipal de Culiacán para que SEDENA propusiera a una persona y pues le damos el beneficio de la duda, y le deseamos que tenga éxito porque de eso depende la seguridad nuestra y de nuestras familias, eso es lo que he señalado”, dijo.
En este sentido, Miguel Calderón, del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (CESP), indicó que ante la situación actual de violencia que se vive en Sinaloa, es necesaria la experiencia militar para combatir la delincuencia.
“Vemos como una decisión positiva el que los mandos con experiencia militar lleguen a las corporaciones civiles debido a que estamos viviendo tiempos extraordinarios y ocupamos garantía de experiencia, de comportamiento honesto y creemos que las corporaciones de alcance federal, de alcance militar son las mejores calificadas en ese sentido. Ya que se normalice la situación, que regrese la paz, quizá pensar en perfiles más ciudadanos y menos militarizados, podría ser como una opción a posterior del conflicto”, dijo.
Indicó que la militarización de mandos es un factor que podría ayudar a bajar los índices de inseguridad en Sinaloa, pero no es el único, ya que el problema es muy complejo y pasa por la obtención de presupuestos necesarios para fortalecer las capacidades de obtención de justicia.
Finalmente, Vargas Hernández señaló que una ruta alternativa para mejorar la seguridad de una región evitando la militarización permanente, es dignificando a la policía, mejorando sus condiciones laborales, su profesionalización y creando alianzas entre sociedad civil, gobierno y organizaciones privadas.
Con información de: Animal político.
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Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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