Dinero de clientes de bancos señalados por EU no está en riesgo inmediato

Pese a la incertidumbre generada por los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar transacciones al crimen organizado, especialistas en economía coinciden en que los clientes, socios e inversionistas no deben alarmarse ni tomar decisiones precipitadas.

La académica de la Universidad Panamericana, Guadalupe Torres Pulido, explicó que las investigaciones en curso contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa no implican una afectación directa a los ahorros de sus clientes. “No podemos hacer que cunda el pánico. Los bancos siguen operando con normalidad, no están en bancarrota ni han cerrado. Lo único que hay hasta ahora son restricciones en operaciones internacionales”, señaló.

Ante este panorama, recomendó que quienes tengan cuentas o inversiones en estas instituciones analicen su situación de forma individual. Especialmente, aquellos que realicen comercio exterior o necesiten transferencias internacionales deberían evaluar alternativas para no afectar sus operaciones, mientras que los clientes con productos nacionales o contratos vigentes pueden mantenerlos sin preocupación.

Torres Pulido subrayó que los depósitos menores a tres millones de pesos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo que garantiza la seguridad de los pequeños y medianos ahorradores, sin importar el desenlace de las investigaciones. “No tienen problema, porque sea cual sea la situación de la institución, el seguro siempre va a responder”, puntualizó.

Para inversiones mayores o con condiciones específicas, recomendó no actuar por miedo, sino con base en el perfil de cada cliente y con asesoría profesional. “Cuando estamos temerosos, tomamos decisiones que no siempre son las mejores”, advirtió.

En la misma línea, el economista Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que los señalamientos del Departamento del Tesoro no representan una amenaza directa para los clientes. “Esto no significa que el dinero desaparezca. En caso de que el tema avance, seguramente se notificaría a los clientes sobre los pasos a seguir para recuperar sus fondos”, indicó.

El especialista también recordó que el seguro de depósito administrado por el Banco de México protege tanto cuentas de ahorro como fondos de retiro para montos dentro del límite legal. “Los pequeños y medianos ahorradores tienen su dinero asegurado”, reiteró.

Ruiz Porras subrayó que las operaciones bancarias siguen activas, por lo que no se justifica un retiro masivo de fondos ni se han registrado congelamientos de cuentas. “No deberían tener ningún problema para hacer transacciones normales”, aseguró.

Sobre los accionistas o socios mayoritarios, reconoció que podrían enfrentar implicaciones legales si se comprueba su participación en actividades ilícitas, pero aclaró que esto no se extiende automáticamente a todos los clientes.

Este viernes, Vector Casa de Bolsa informó en un comunicado que, tras los señalamientos de Estados Unidos, fue intervenida temporalmente por autoridades financieras para reforzar la supervisión regulatoria. No obstante, aclaró que sus servicios continúan operando normalmente, con atención activa a clientes y liquidez garantizada.

Vector, CIBanco e Intercam negaron vínculos con organizaciones delictivas, y la Secretaría de Hacienda también descartó que existan pruebas que sustenten las acusaciones. Las tres instituciones reiteraron su compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer el caso.

Bancos señalados enfrentarán un proceso largo

Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara.

Guadalupe Torres Pulido, académica de la Universidad Panamericana.

Las instituciones bancarias señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos enfrentarán un proceso legal y financiero prolongado para intentar desvirtuar los señalamientos en su contra. A ello se suma el impacto reputacional que implica haber sido “fichadas” por el Gobierno estadounidense.

Así lo indicó Guadalupe Torres Pulido, académica de la Universidad Panamericana y especialista en economía, quien explicó que, para saber cómo proceder, los bancos deberán primero recibir la información oficial que justifique las acusaciones por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita o vínculos con grupos criminales.

“Una vez que reciban esta información, tendrán un periodo para responder y presentar todos los argumentos y pruebas legales necesarias para desvirtuar los señalamientos. Si las propias instituciones identifican que sí ocurrió alguna transacción de este tipo, también deberán explicar por qué sus mecanismos de control no lo detectaron”, señaló la académica.

Indicó que, aunque los bancos cuentan con sistemas de cumplimiento y monitoreo, estos pueden fallar, por lo que será indispensable activar sus medios legales con asesoría especializada. “Deben seguir este proceso paso a paso, de manera legal y con el acompañamiento de expertos para defenderse de la mejor manera posible”, añadió.

El proceso puede derivar en tres posibles escenarios, según los hallazgos: una reestructura con nuevos controles internos, la venta de los bancos o, en el peor de los casos, su liquidación si se confirma una falta grave. “Esto no sucederá de inmediato. Puede tomar meses o incluso años determinar qué ocurrió y si se retiran o no los señalamientos”, explicó la especialista.

Por su parte, Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara, advirtió que la inclusión de los bancos en las listas del Departamento del Tesoro no solo daña su imagen institucional, sino que puede derivar en consecuencias legales de alto impacto, incluso su cierre definitivo.

“Lo que puede pasar, a corto o mediano plazo, es que se suspendan temporalmente sus operaciones para facilitar las investigaciones. Si el caso avanza y se confirma alguna responsabilidad, podrían perder sus licencias y desaparecer del sistema financiero”, advirtió.

Ruiz Porras subrayó que los bancos deberán activar sus mecanismos de defensa jurídica y colaborar plenamente con las autoridades para evitar sanciones más severas. Si no logran aclarar su situación, las autoridades mexicanas podrían intervenir directamente para garantizar una liquidación ordenada o, en su caso, facilitar su absorción por otras instituciones financieras.

Con información de Informador.mx