
Guadalupe y Calvo, Chih.- Lo ocurrido en este municipio serrano es solo una muestra de una realidad que se repite en varios puntos del estado de Chihuahua y otras entidades del país: el crimen organizado ha rebasado a los tres niveles de gobierno.
La reciente declaración de la presidenta municipal, pidiendo a la ciudadanía que permanezca resguardada en sus viviendas, confirma lo que muchos ya perciben: las autoridades han perdido el control territorial. En vez de acciones concretas de seguridad, la respuesta institucional ha sido pedir a la población que se proteja por su cuenta, aceptando de facto la imposición del miedo como forma de vida.
En las últimas horas se han registrado enfrentamientos armados, bloqueos, caminos cerrados, vehículos incendiados y reportes no oficiales de víctimas mortales. La zona de El Vergel y sus alrededores se encuentran prácticamente bajo sitio, con nula presencia efectiva de fuerzas del orden.
La situación en Guadalupe y Calvo no es aislada. En municipios como Madera, Uruachi, Guachochi y Bocoyna, los habitantes viven bajo constante amenaza, con desplazamientos forzados, reclutamiento de jóvenes y extorsiones impunes. Las fiscalías, las policías y el Ejército parecen operar solo como figuras decorativas, sin capacidad real de respuesta.
Es lamentable, pero en muchas regiones del país, las autoridades han pasado de intentar contener al crimen a simplemente coexistir con él. Y lo más grave: la ciudadanía está quedando sola, atrapada entre la violencia y la indiferencia gubernamental.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
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El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
