CURP biométrica, un paso para hacer frente a las desapariciones en México

Aunque aclaró que la CURP biométrica, parte de la nueva Ley General en Materia de Búsqueda de Personas, no será obligatoria ni hay tiempos límites para su obtención, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que el compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas “no es una promesa vacía” y “cumpliremos y ayudaremos a las madres buscadoras”.

Aclaró que la CURP biométrica –que se comenzará a emitir en octubre– no sustituirá a la credencial del INE, y que para la nueva estrategia se mantendrán los cinco ejes de trabajo prometidos: búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos y sistemas de información, bienestar y prevención.

Explicó que la recopilación de datos se realizará con apego a la normativa en materia de protección de datos personales y el Registro Nacional de Población será la autoridad responsable de administrar esta plataforma. Precisó que para la CURP biométrica no se le pedirá al INE el padrón electoral.

Gobierno de México se compromete con las Madres Buscadoras

En su primera evaluación de los avances de la aplicación de la nueva Ley General en Materia de Búsqueda, insistió en que “no nos es ajeno el dolor, estamos con las víctimas de la mano y también con el corazón en este difícil camino. Seguimos trabajando con las víctimas”.

La secretaria dijo que este año se contará con los equipos en los registros civiles estatales para capturar los datos biométricos.

Con información de El Financiero

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Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron. 

A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos. 

Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según  Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.


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Hasta ahora, ni el partido ni la encuestadora han confirmado oficialmente la autenticidad o carácter definitivo del listado.


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