CURP biométrica: Así será el resguardo de tus datos personales
El gobierno federal avanza hacia la modernización de la identificación oficial con la CURP biométrica, una credencial que reunirá datos personales y rasgos físicos únicos de cada ciudadano.
A diferencia de la CURP tradicional, la versión biométrica integrará una base de datos más robusta y detallada.
Cada ciudadano contará con un expediente que reunirá:
- Huellas dactilares de ambas manos.
- Fotografía de alta resolución del rostro.
- Escaneo del iris.
- Firma electrónica única.
- Datos generales: nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad y entidad federativa.
- Clave CURP vigente.
Esta base de datos se alojará en servidores certificados de uso exclusivo del Renapo, bajo supervisión de la Secretaría de Gobernación. Según el decreto, el acceso estará restringido a personal autorizado y cada consulta deberá justificarse para trámites de identidad, servicios de salud, educación o seguridad social. Entre las instituciones que podrían tener acceso se encuentran hospitales, bancos, juzgados y escuelas.
El marco legal contempla medidas como encriptación avanzada, registros de auditoría para saber quién consulta cada expediente y prohibiciones expresas para su uso con fines comerciales o electorales.
A pesar de los candados legales, especialistas en derecho digital, como integrantes de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y organizaciones como Artículo 19, alertan sobre la falta de regulaciones específicas para datos biométricos. Aunque la Constitución protege el derecho a la privacidad y existen leyes como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se contemplan auditorías externas ni protocolos públicos que garanticen la transparencia.
El antecedente más cercano es preocupante: en 2024, la filtración de registros médicos y biométricos del ISSSTE evidenció las debilidades del sistema de ciberseguridad en México.
A pesar de que la ley prevé sanciones severas —hasta 10 años de prisión y multas millonarias— casi ningún caso de filtración masiva ha sido llevado a juicio.
En teoría, cualquier persona tiene derecho a ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) para proteger su información.
Sin embargo, tratándose de un documento oficial, las posibilidades reales de negarse o solicitar la eliminación total de los datos son limitadas. Salvo casos excepcionales, como pruebas de mal uso o riesgo comprobado, la cancelación no aplica.
Otra preocupación es la acumulación de datos de menores de edad, ya que la ley contempla un programa especial para captar información biométrica de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con estados y municipios. Aunque se insiste en que habrá lineamientos estrictos, la vigilancia externa hoy es prácticamente inexistente, dado que el INAI —órgano garante de la transparencia— opera sin comisionados plenos desde 2023.
Sobre el papel, la CURP biométrica busca resolver problemas de suplantación de identidad, fraudes y duplicidad de registros. Para millones de mexicanos, podría significar trámites más ágiles en bancos, escuelas o instituciones públicas. Sin embargo, la centralización de datos biométricos en un solo sistema eleva significativamente el atractivo para cibercriminales.
Con información de Informador.mx
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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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