Embajada de EU señaló a cárteles mexicanos como responsables del huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La embajada de Estados Unidos en México explicó cómo opera el huachicol fiscal —esquema criminal que permite que el tráfico internacional de combustible robado— y señaló que el crimen organizado se beneficia de esta “industria multibillonaria”. 

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos, el huachicol fiscal es: “la importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos”. Este delito implica pérdidas importantes para las finanzas de México, al reducir la recaudación de impuestos y, por lo tanto, los recursos públicos.  

La dependencia estadunidense apuntó que el huachicol fiscal pasa por cinco fases: primero los cárteles mexicanos roban el crudo mexicano y lo transportan a Texas, utilizando ductos o camiones.  

Posteriormente, intermediarios o cómplices lo legalizan y lo venden a refinerías en Estados Unidos. Así, el crudo se refina en el país del norte y se exporta de regreso a México, “oculto o mal etiquetado”.  

A continuación, de acuerdo con la embajada, se lleva a cabo el fraude aduanal, en el que los delincuentes falsifican documentos y utilizan empresas fachadas para contrabandear el producto.  

Finalmente, el crudo ya refinado se comercializa en establecimientos en México. Al respecto, la embajada apuntó que el producto se ofrece como legítimo, por lo que muchas personas lo pueden consumir sin saber que se trata de combustible robado.  

“Detrás de cada litro ilegal hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada”, dijo la embajada en el video.  

Además, aseguró que “México y Estados Unidos están trabajando juntos para frenar el huachicol”. Esto, con diversas acciones como: operativos en puertos y aduanas; sanciones a empresas y bancos vinculados; y con la creación de nuevos mecanismos de control y trazabilidad.  

La agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), denunció en su más reciente informe sobre narcotráfico, que el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y la Familia Michoacana participan en el contrabando de gasolinas y gas en la frontera entre México y Estados Unidos, a través de un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio.  

Sin embargo, hasta el momento, autoridades estadunidenses no han informado sobre quiénes son sus cómplices u operadores en el país del norte.   

El huachicol fiscal tiene como consecuencia una menor recaudación de impuestos, lo que restringe los recursos del Estado para invertir en diversos rubros como infraestructura, servicios públicos y programas sociales, entre otros, de acuerdo con expertos.  

Entre 2018 y 2024, el gobierno federal dejó de recaudar más de 800 mil millones de pesos (aproximadamente 40 mil millones de dólares) por el huachicol fiscal, de acuerdo con datos de la consultora PETROIntelligence, revelados por El Economista.  

La consultora realizó la estimación con base en declaraciones oficiales del gobierno federal, en las que se informó que el 30% de los combustibles que se venden en México provienen del huachicol fiscal. 

Ramsés Pech, asesor en energía y economía, dijo a El Economista que el término de “huachicol fiscal” se empezó a utilizar en 2021, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un aumento en la importación de lubricantes, y descubrió que se trataba de diésel ingresado ilegalmente al país. 

Al introducir diésel o gasolina como si se tratara de lubricantes, aceites o aditivos, se evita el pago en las aduanas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y solo se paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Con información de proceso.com.mx

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La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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