Alcalde de Uruapan pide al gobierno federal armamento de guerra para la policía municipal

MORELIA, Mich., (apro).- El alcalde morenista de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, solicitó al Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal armamento militar especializado, como las ametralladoras FN-Minimi, para que sean utilizadas por la policía municipal de esta localidad con el fin, dijo, de “igualar la capacidad de fuego utilizado por el crimen organizado” que asola esta región. 

Las ametralladoras FN-Minimi de origen belga y fabricada por la compañía FN Herstal, son armas utilizadas en diferentes conflictos armados alrededor del mundo, incluyendo las fuerzas militares de la OTAN, y que se oferta en el mercado como “un fusil de asalto ligero, automático y de alta precisión”, con la capacidad de alcanzar de 700 a mil disparos por minuto. 

Durante la conferencia de prensa habitual que sostiene cada martes con la prensa local, llamada “Las Nochecitas del Sombrero”, el munícipe resaltó que “no puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales” y refirió que, mediante oficios enviados recientemente a las autoridades federales, ha solicitado también cartuchos de grueso calibre para otros armamentos, sin que hasta el momento haya recibido respuesta. 

Carlos Manzo encabeza un grupo de diputados locales y federales que se denominan “Los del Sombrero”. 

El edil denunció que este miércoles también fueron retirados sin previo aviso los 200 efectivos militares y de la Guardia Nacional que habían llegado a Uruapan la semana pasada para reforzar la seguridad y que fue tomado como la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la súplica del alcalde para reforzar la seguridad pública del municipio que gobierna. 

El alcalde condiciona el apoyo de la seguridad estatal y federal a la policía municipal, a la autorización de obras públicas estatales y federales que se realizan en Uruapan, como el teleférico de seis estaciones que tiene una inversión anunciada de 500 millones de pesos, y que Manzo “clausuró” simbólicamente el pasado 17 de 

septiembre de este año, cuando asesinaron a un policía municipal cuando patrullaba un retén. 

A finales de septiembre pasado, en el marco de la entrega del cuarto informe de gobierno del gobernador Ramírez Bedolla, el alcalde de Uruapan, sostuvo una reunión privada con el mandatario en la que, informó posteriormente, el tema principal fue la seguridad pública de su municipio en el que está asentado la principal industria aguacatera del país y que genera al año una derrama económica superior a los tres mil 500 millones de dólares, sobre las exportaciones. 

Manzo Rodríguez ha reiterado en distintas ocasiones que el apoyo de la Guardia Civil y Nacional a su municipio es crucial para la persecución y detención de delincuentes y justifica la solicitud de armamento especializado, al combate a las células delictivas que hay en este lugar, y que asegura han convertido a Uruapan en una de las ciudades más inseguras del mundo, con una tasa anual de 55 homicidios por cada cien mil habitantes, de acuerdo al ranking de la organización independiente World Population Review. 

En junio pasado, el alcalde anunció la compra por más de tres millones de pesos de vehículos blindados para entregarlos a la policía municipal para patrullar la ciudad y hacer rondines diarios en las entradas y salidas del municipio. 

La prensa local cuestionó en su momento el origen de los recursos para comprar estos vehículos (una camioneta y dos patrullas) a lo que el munícipe respondió provocadoramente: “estamos comprando y equipando a nuestra policía porque no nos estamos chingando el presupuesto como antes”. 

Sin embargo, uno de ellos, una camioneta tipo van que tiene un blindaje 5 (el máximo que está disponible en el mercado mexicano) es utilizada por el alcalde para sus traslados rutinarios, y su seguridad personal está integrada por al menos siete elementos de la Guardia Civil y militares. 

Recientemente (28 de agosto) fue aprendido en Uruapan por policías municipales René Belmonte Aguilar, alias “El Rihno”, uno de los principales jefes de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en este municipio, hecho que el alcalde aprovechó para darlo a conocer a través de sus redes sociales y lanzó al mismo tiempo una alerta de “código rojo” a la ciudadanía, para que se resguardaran en sus casas y evitarán salir ante una posible reacción violenta de la delincuencia organizada por la detención. 

Ese mismo día, en un video que subió a su cuenta de Facebook, hizo un llamado de auxilio a la presidenta de México Claudia Sheinbaum y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que enviaran elementos de seguridad. 

Conocido por sus desplantes, que le han granjeado el mote de “El Bukele mexicano”, Manzo Rodríguez no oculta también sus aspiraciones políticas para contender en las próximas elecciones del 2027, en la que Michoacán y otros 16 estados de la República renovarán gubernaturas. 

 

 

Con información de: Proceso.

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Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo  de ganado más grande de Tabasco.

En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.

El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.

El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.

La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.

El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.

 La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.

Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).

El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.

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