Comienza intimidación armada contra defensores del agua

Integrantes de la comunidad de San Miguel Xoxtla, Puebla, denunciaron que la noche del 29 de octubre un hombre armado los amenazó en el plantón que mantienen en el parque Pavigi. El ataque ocurrió en presencia de policías estatales y puso en riesgo la vida de Pascual Bermúdez, defensor del agua y miembro activo de la resistencia. Los pobladores exigieron al gobierno municipal, estatal y federal detener la violencia contra quienes defienden el territorio.

De acuerdo con testigos, el agresor llegó al plantón con una pistola desenfundada y apuntó hacia la carpa donde se encontraban los integrantes de la comunidad. Al resguardarse las personas dentro del quiosco central, el hombre huyó por el fondo del parque y se refugió junto a patrullas de la Policía Estatal que lo esperaban frente a la entrada principal. Ocho agentes armados con rifles permanecieron en el sitio sin intervenir.

Los habitantes calificaron el hecho como un intento de homicidio y una táctica de terror destinada a sofocar la defensa pacífica del agua. Señalaron que la presencia de policías junto al agresor muestra una “complicidad abierta” y una posible “responsabilidad estatal” en la agresión. Recordaron que la policía no justificó la portación de armas largas y que la acción podría implicar un uso desproporcionado de la fuerza.

Las y los defensores advirtieron que las autoridades, encabezadas por Guadalupe Ortiz y Alejandro Armenta, están escalando el conflicto en favor de intereses privados ligados a proyectos inmobiliarios. “Si algo ocurre a alguna o alguno de los defensores del agua de Xoxtla serán responsables Guadalupe Ortiz, Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum”, señalaron. La comunidad insistió en que el Estado mexicano incumple el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar un entorno seguro para quienes protegen el medio ambiente. Desinformémonos

Tips al momento

México en el Top 5 de los países más peligrosos del mundo 

Según el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo.

Por otro año, México conserva el cuarto lugar en el ranking, lo que indica que los niveles de violencia y conflicto político se mantienen sin mejoría significativa respecto al periodo anterior.

Ranking de Peligrosidad (2025): Palestina, Birmania, Siria, México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.

El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.


Andrea Chávez, pocas iniciativas y mucho asesor; avanzan Julieta Ramírez y Celeste Asencio

Trascendió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, dos de ellos reportaron como labor atender dos casas de enlace en Chihuahua, una de sus asesoras hizo un curso como estilista, una más encargada de proveedores, a pesar de tener experiencia en medicina veterinaria.

En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.

Comparativo:

Andrea Chávez 10 asesores, 5 iniciativas propias y 1 aprobada
Julieta Ramírez 6 asesores, 31 iniciativas propias, 0 aprobadas
Reina Celeste Asencio  con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación

Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno  de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.

Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.

La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.

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