Desalojan con violencia un predio protegido de Manzanillo para construir Viviendas del Bienestar

MANZANILLO, Col., (apro).- La Policía Estatal y elementos de la Marina llevaron a cabo un operativo de desalojo con uso de fuerza para facilitar el acceso de maquinaria pesada al jardín público de la colonia Arboledas de Salagua, ubicado sobre la Avenida Elías Zamora, con el propósito de levantar casas del programa de Viviendas del Bienestar, a lo que se oponen vecinos de la zona.

Tras el desalojo fueron detenidos la exregidora Martha Zepeda del Toro y el excandidato a diputado local Eduardo Pimienta, ambos de Movimiento Ciudadano, quienes se encontraban en el lugar participando en la protesta.  

Los vehículos policiales llegaron al lugar cerca del mediodía del jueves 30; se argumentó que los manifestantes estaban invadiendo un bien privado. Sin embargo, vecinos presentes alegaron que el área es pública, destinada por ley a un jardín vecinal y que la administración pública no puede cederlo para otro tipo de actividad.  

Ante las amenazas de los agentes, los vecinos formaron una cadena humana frente a la maquinaria, que ya había destruido algunos árboles. La policía disuadió a los participantes mediante uso de violencia y arrestó a la exregidora y al excandidato.  

Tras varias horas retenidos en los separos preventivos, fueron liberados sin que las autoridades informaran sobre su arresto y liberación.

El predio en disputa cuenta con una suspensión definitiva otorgada por un juez federal, recogida en el juicio de amparo 1013/2025, que prohíbe explícitamente a las autoridades la tala de árboles o cualquier alteración en el suelo del predio perteneciente al parque público de Salagua, un pulmón urbano que alberga al menos 27 ejemplares de Parota y 6 cedros.  

Estos árboles cuentan con el reconocimiento de especies protegidas por decreto estatal en Colima desde el año 2011 y el área está categorizada en los planes de desarrollo urbano vigentes como corredor biológico de alta importancia, crucial para la resiliencia ante inundaciones frecuentes provenientes del arroyo Punta de Agua.

La asociación civil Vigilemos Manzanillo denunció en sus redes sociales que los trabajadores en el sitio no presentaron documentación alguna cuando se acercaron a cuestionarles mientras talaban los árboles. Los supuestos trabajadores solo contestaron que seguían instrucciones, pero no presentaron ningún permiso ni orden oficial.  

Enredo jurídico 
El caso presenta contradicciones administrativas y legales. El Ayuntamiento de Manzanillo formalizó la donación de un área de cesión pública, previamente destinada a un jardín vecinal, para entregarla al Infonavit en el marco del programa de vivienda federal.  

Sin embargo, esta decisión no contempló ninguno de los cinco lotes gubernamentales que han propuesto los vecinos de Salagua para el desarrollo de vivienda social a fin de evitar la destrucción de la única área verde de la zona.  

A esta crítica se sumó la organización Pura Vida, Ciencia y Conservación, señalando en sus redes sociales que darle un uso distinto al Parque Urbano Salagua es un acto fuera de la legalidad y que construir en la zona supone un grave riesgo por la cercanía con el cauce del arroyo.  

Por otro lado, existe una discrepancia documental sobre la naturaleza jurídica de la zona. Mientras los funcionarios de la policía argumentaron el desalojo alegando que los vecinos estaban invadiendo un bien privado calificando el acto de “despojo”, los registros de protocolización del municipio de 2016 señalan que la transmisión de propiedad se realizó sin la firma del propietario original. Con base en lo anterior, los vecinos alegan que, sin certeza jurídica, un área de destino público no puede ser enajenada de forma arbitraria para fines privados.  

La insistencia de las autoridades en ocupar este predio, ignorando las cinco alternativas de terrenos gubernamentales propuestos por la comunidad y la sentencia judicial que prohíbe la alteración del ecosistema, deja una lectura confusa sobre los intereses en este espacio.  

Con esta acción de despojo, la administración vulnera abiertamente el marco legal y arrebata además el último pulmón verde a la comunidad de Salagua poniendo en riesgo la seguridad ambiental de la zona. 

Con información de Proceso.