Rocha Moya: Verdad o Ruina

En estos días aciagos para México, donde la sombra del crimen se cierne no ya en los márgenes sino en las mismas entrañas del poder, resuena con grave estrépito el nombre de Rubén Rocha Moya. No como varón público de honra, sino como figura señalada —con creciente insistencia— por vínculos que, de ser ciertos, laceran el orden natural de la justicia y la legitimidad del Estado.

Dícese que el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado su captura y pronta extradición; no estamos ante un simple litigio diplomático, sino ante una prueba de fuego para la presidente Claudia Sheinbaum. Su decisión no será meramente administrativa: será moral, histórica y de profundo calado político. Porque entregar a Rocha Moya implicaría reconocer, aunque sea tácitamente, que el mal ha anidado en lo más alto de la estructura gubernativa.

Durante años, bajo el manto de la llamada transformación, se ha negado —con obstinación que raya en la ceguera voluntaria— que el narcotráfico gobierne regiones enteras del país. Mas la realidad no se somete a la voluntad del hombre, sino que se impone por su propia evidencia. Y esa evidencia hoy grita: México padece una infiltración sistemática de terroristas del crimen organizado en la política.

Si la presidente decide proteger o dilatar la acción de la justicia, no hará sino prolongar la corrupción estructural que devora al erario, pervierte la democracia y siembra muerte entre los ciudadanos. Mas si opta por la entrega, deberá prepararse para las consecuencias: los cárteles no son entes pasivos, y una acción de tal magnitud podría desatar una violencia feroz contra el pueblo, que ya bastante ha sufrido.

No es ocioso advertir que este caso no sería aislado. El hilo, una vez tirado, podría desenredar una madeja que alcance a múltiples actores de todos los partidos. Nombres como Marina del Pilar Ávila Olmeda y Adán Augusto López Hernández han sido también mencionados en diversos señalamientos públicos. Si la justicia ha de ser verdadera, no puede ser selectiva ni acomodaticia.

Tal escenario interpela hoy a quienes gobiernan, ¿serán custodios del bien común o cómplices silenciosos del desorden? La autoridad sin justicia degenera en simulación, y la simulación en impunidad.

La ruta es clara aunque peligrosa: aplicar la ley sin distingos, fortalecer las instituciones de procuración de justicia y, sobre todo, romper el pacto implícito —negado pero evidente— entre poder político y crimen organizado. Esto exige valor, rectitud y una visión que trascienda el cálculo electoral.

México se halla en una encrucijada. O se purifica mediante la verdad, aunque duela y sangre, o continúa descendiendo en una espiral donde la autoridad es mera apariencia y el crimen, el verdadero soberano.