Motín e incendio en Cereso de Aguascalientes deja tres heridos; familiares denuncian cobro de cuotas
AGUASCALIENTES, Ags., (apro) .- La mañana de este 4 de noviembre y en pleno día de visita familiar, se registró un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del estado. José Gabino Vázquez, coordinador municipal de Protección Civil confirmó que dentro de la prisión se registró un incendio que habría sido controlado por personal del penal.
Las autoridades de seguridad confirmaron que hubo al menos tres hombres heridos sin informar sobre el nivel de gravedad, los tres pertenecen al mismo módulo de reclusión. Su identidad aún no se conoce de manera oficial.
Los hechos provocaron una gran movilización de Guardia Nacional, policías estatales, municipales, bomberos y personal de salud a bordo de casi una decena de ambulancias; así como la evacuación de las familias que se encontraban visitando a sus seres queridos recluidos y del personal judicial que opera en un edificio contiguo a las instalaciones del penal estatal.
Algunos de los familiares denunciaron ante medios de comunicación locales extorsión al interior del reclusorio, la venta de drogas y el cobro ilegal —por parte de un cártel cuyo nombre prefirieron no detallar— de una cuota para garantizar la seguridad de los reclusos. De lo contrario, son torturados.
“Exigimos que se proporcione información veraz y oportuna a las familias sobre la situación actual de sus familiares, ya que hasta el momento no se ha regularizado la situación de seguridad dentro del penal, ni se ha informado sobre el número de personas lesionadas”, exigió el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), tras horas de convulsión a las afueras del penal estatal.
Hasta el momento, las autoridades de gobierno no han ofrecido más información sobre el móvil del motín, aunque Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos adversos en el que participaron entre 60 y 70 personas.
Las alertas ya se habían encendido: el lunes 3 de noviembre se registró una riña entre reclusos que fue controlada, y desestimada, por la misma Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
“Las mismas personas que estuvieron ayer en la confrontación escalaron el conflicto, se enfrentaron dos grupos adversos, fue una riña que ya se controló y estamos atentos con la vigilancia”, dijo Martínez Romo tres horas después de registrarse el motín.
Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional cercaron los alrededores del penal estatal y cerraron la circulación.
El conflicto ocurre en una semana donde se registraron detenciones importantes. El sábado 1 de noviembre elementos federales detuvieron a Armando “N” alias “El Charro”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien era señalado como uno de los principales perpetradores de violencia en la zona.
En el operativo, donde no participó ninguna autoridad estatal, también detuvieron a otros dos hombres que acompañaban al jefe delictivo.
Armando “N” fue trasladado a un penal federal la noche de este lunes, mientras que los otros dos detenidos permanecen, presuntamente, al interior del penal estatal.
Esta no es la primera vez que ocurren alertas de seguridad al interior del penal estatal. A finales de 2024 se registró el “suicidio” de seis internos al interior de sus celdas y aunque especialistas exigieron investigar los casos como asesinatos, la fiscalía local, a cargo de Manuel Alonso García, decidió cerrar las carpetas de investigación.
En 2023, los tres penales de la entidad obtuvieron calificación reprobatoria en todos los indicadores del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que incluye un análisis sobre la gobernabilidad en los ceresos, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mientras que, en 2024, el mismo informe registró sobrepoblación, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, así como la inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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