Javier Duarte solicita libertad anticipada tras más de 8 años en prisión; “estoy listo para reinsertarme en la sociedad”, dice

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa solicitó el beneficio de libertad anticipada tras pasar más de ocho años en prisión por una sentencia emitida en su contra por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, último procedimiento penal que tiene en su contra, por lo que podría salir antes de prisión. 

La solicitud se hizo oficial durante una audiencia celebrada este lunes ante la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en el que la defensa del exgobernador presentó 24 pruebas y testimonios a su favor, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 12 en su contra. 

Durante la audiencia, que inició a las 10 de la mañana y terminó pasada las 18:00  horas, la jueza federal especificó que Javier Duarte enfrentaba otra causa penal en el ámbito federal, por un delito electoral, así como tres causas del fuero común en Veracruz por diversos delitos, mismas que ya fueron dejadas sin efecto

 

De esta forma, al aceptar que ambas partes presenten todas sus pruebas y testimonios, la jueza Zamorano Herrera agendó para el próximo miércoles 12 de noviembre la audiencia en la que definirá si el exgobernador de Veracruz recupera su libertad, tras mantenerse preso desde el 26 de septiembre de 2018, cuando fue detenido en Guatemala. 

 

Duarte ha cumplido con el 95 % de su pena, dice defensa del exgobernador

 

Al iniciar la audiencia, el abogado Pablo Campuzano aseguró que Javier Duarte “ha cumplido en exceso” su pena, pues hoy en día ha pagado más del 95.04 % de ella, lo que le permite acceder al beneficio de libertad anticipada. 

“En 2018, el señor se entregó voluntariamente. Después accedió a un procedimiento abreviado, solicitado por la propia fiscalía, reconociendo su participación en los hechos. Hoy el Estado mexicano, en coordinación con la Fiscalía de Veracruz, buscan a toda costa incumplir con esta promesa”, señaló. 

De esta forma, su equipo legal aseguró que el exgobernador Javier Duarte ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que para poder solicitar el beneficio de libertad anticipada debió ya haber cumplido la mitad de su pena en casos por delitos culposos, así como haber tenido buena conducta y haber cubierto la reparación de daño y el pago de la multa, en caso de tenerla.  

 

En respuesta, el fiscal Manuel Granados Quiroz, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR, se opuso desde el inicio de la audiencia a que se fallará a favor del exgobernador, al asegurar que existen aún pendientes decomisos en su contra y asegurar que “no ha querido pagar sus crímenes ante la justicia”. 

“No es cualquier servidor público ni un funcionario ordinario. Fue un exgobernador que se caracterizó por ser artífice de uno de los mayores escándalos políticos y jurídicos del país, a quien se le investigó por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, desaparición forzada y peculado”. 

 

“Todos los procesos en mi contra han sido revocados”: Duarte

Javier Duarte, quien lucía una densa barba negra y vestía la tradicional vestimenta color caqui de la prisión, pidió el uso de la palabra para posicionarse en principio únicamente por el tema del supuesto decomiso pendiente

 

“Solo quiero decir que en una apelación que presenté el decomiso del que habla el señor fiscal fue revocado”, señaló el exgobernador. 

Sin embargo, casi al finalizar la audiencia, Duarte volvió a solicitar el uso de la palabra para asegurar que lleva casi nueve años sin ver a sus hijos y su familia, por lo que dijo considerase “una persona que está totalmente lista para reinsertarme en la sociedad”. 

“Yo no he robado ni un solo centavo. No le quiero hacer daño a nadie. La víctima es el Estado mexicano y al testigo (que declaró en su contra) no le deseo el mal, que Dios lo bendiga. Yo sabía a lo que me exponía al ser gobernador. A otros gobernadores les ha costado esto mismo en estos tiempos tan difíciles, pero a usted lo único que le pido es justicia”, dijo el exgobernador con la voz entrecortada. 

Al terminar las intervenciones, la jueza señaló que, sin prejuzgar sobre la solicitud del exgobernador, era un “hecho notorio” que desde el 15 de abril de 2017 se le dictó a Duarte una pena de 9 años de prisión, por lo que ya podía solicitar dicho beneficio. 

“Han pasado 3 mil 125 días desde que ingresó a prisión, eso es un poco más de 95 % de su pena”, dijo.

 

 

Con información de: Animal político.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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