Comuneros de Tepoztlán acusan posible intervención Noroña en elección de bienes comunales
MORELOS (apro) .- Integrantes del nuevo comisariado de bienes comunales de Tepoztlán denunciaron presiones políticas en el reciente proceso de elección, que atribuyeron a la posible intervención del senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que la Procuraduría Agraria (PA) se retractara de participar en la asamblea, pese a haber emitido y validado la convocatoria.
Ante este panorama, los comuneros hicieron un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a respetar la autonomía y los procesos internos de la comunidad, y advirtieron que no permitirán injerencias externas en la vida comunal.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en Cuernavaca, el comisariado electo Miguel Ángel Cuevas Palma, acompañado del excomisariado Félix Cuevas y otros integrantes del comité, aseguró que la elección “se realizó conforme a derecho y sin incidentes”, aunque —dijo— hubo intentos de autoridades para impedirla.
“El motivo de esta rueda de prensa es que las autoridades municipales, estatales y federales no querían que se llevara a cabo nuestra elección. El argumento era que no había condiciones en el lugar, pero detrás de eso hay muchos intereses, posiblemente relacionados con el otro grupo, muy aliado con el senador Noroña”, señaló Cuevas Palma.
El comisariado explicó que en la asamblea participaron 295 comuneros de un padrón de 2 mil 422 y que la jornada fue “legítima y ordenada”.
De acuerdo con los resultados, Cuevas obtuvo 159 votos, mientras que los otros dos candidatos alcanzaron 75 y 53 sufragios, respectivamente. “No hubo ningún altercado ni inconformes; durante todo el proceso hubo cero incidentes”, afirmó.
Por su parte, Francisco Javier Almazán Verazano, integrante del comisariado, señaló que la Procuraduría Agraria había confirmado su asistencia al proceso, pero se desistió a última hora.
“La convocatoria la firmó la Procuraduría Agraria y después se retractó. Creemos que fue por presión del senador Noroña y con el visto bueno del presidente municipal (Perceo Quiroz) y la gobernadora (Margarita González) Saravia”, declaró.
Detallaron que tanto el edil como la mandataria enviaron oficios a la Procuraduría Agraria para advertir que no existían condiciones de seguridad.
El conflicto, afirmaron, se agudizó por el caso de un predio vinculado con el senador –que emanó del Partido del Trabajo (PT)–, cuya situación legal deberá resolverse en asamblea.
“Ese asunto lo resolverá la asamblea de comuneros. Lo que puedo adelantar es que el predio del senador es irregular; no existe constancia de posesión en los bienes comunales del poblado”, indicó Cuevas Palma.
Durante la conferencia, el dirigente comunal también atribuyó parte de la confrontación interna a la intervención de un grupo encabezado por Esteban Ramírez Castañeda, a quien ubicaron como “El Roba Vacas”, a quien vinculó con Fernández Noroña.
“El licenciado Noroña se junta con la gente de Esteban Ramírez Castañeda. Ese sujeto tiene mala reputación en Tepoztlán; que quede claro quién es. Se autonombra comisariado y entrega documentos sin autoridad alguna, lo que ha generado confusión desde hace años”, sostuvo.
De acuerdo con Cuevas, este grupo ha impugnado de manera recurrente los procesos de elección comunal desde 2007, sin éxito.
“No nos ha ganado un solo juicio porque los padrones utilizados están respaldados por el Tribunal Agrario”, aseguró.
El comisariado también rechazó versiones sobre un presunto control familiar del cargo.
“No es verdad que desde hace 20 años la familia Cuevas esté en el comisariado. Ha habido varios comisariados en la cabecera, no precisamente de mi familia. Todos tenemos derecho a participar”, aclaró.
Respecto al proceso administrativo, Cuevas informó que el acta de elección aún no ha sido inscrita ante el Registro Agrario Nacional, pero el trámite está en curso. Asimismo, defendió la legalidad de los padrones utilizados, elaborados en 1990, 1991, 1998 y 2006, “todos reconocidos judicialmente”.
En su mensaje final, los comuneros reiteraron su llamado al respeto de la autonomía comunal y exigieron que ninguna autoridad interfiera en los asuntos internos de Tepoztlán.
Finalmente, Cuevas criticó la actuación de las autoridades ambientales y municipales, al señalar que “el verdadero desorden en Tepoztlán es que los ayuntamientos han permitido construcciones en áreas naturales protegidas y la CONANP no está cumpliendo su función”.
Pueblos y colonias de Tepoztlán desconocen asamblea comunal
En paralelo, integrantes de la Asamblea Comunitaria de Pueblos, Barrios y Colonias de Tepoztlán desconocieron la reunión efectuada el pasado 26 de octubre, en la que un grupo de ciudadanos intentó elegir una nueva representación del Comisariado Comunal, al considerar que el proceso se realizó con un censo irregular y en un espacio no reconocido por los estatutos comunales.
En un comunicado, señalaron que la convocatoria y el procedimiento contravienen acuerdos previos de las asambleas comunitarias, así como disposiciones del Tribunal Unitario Agrario y de la Procuraduría Agraria Nacional.
Recordaron que el oficio 3986/2025 de la Procuraduría Agraria decretó la suspensión de dicha convocatoria; sin embargo, el grupo organizador llevó a cabo el encuentro pese a la restricción.
De acuerdo con el documento, el censo comunal utilizado está impugnado bajo el expediente 500/2025, debido a diversas anomalías detectadas durante su elaboración. Además, la reunión no se realizó en el recinto oficial establecido por los estatutos comunales.
La Asamblea Comunitaria reiteró su reconocimiento al proceso autónomo que encabezan los pueblos, barrios y colonias en el auditorio municipal Ilhuicalli, donde se desarrolla la asamblea general para la renovación del Comisariado Comunal.
El colectivo hizo un llamado a la unidad y participación de la población, y solicitó la presencia de representantes del Instituto para el Pueblo Indígena del Estado de Morelos (IPIAM), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de organismos de derechos humanos, para que acompañen y den seguimiento a los acuerdos que se adopten en el marco del proceso comunal.
información de Proceso.
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Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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