Coparmex propone a Sheinbaum que aranceles a China sean graduales para no generar inflación

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso al gobierno mexicano y al Poder Legislativo que la política arancelaria para importaciones desde China y otros países con quien México no tiene acuerdos comerciales sea gradual, pues de implementarse de inmediato, generará inflación y golpe al bolsillo de los mexicanos.

La Cámara de Diputados discute la iniciativa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para implementar aranceles de hasta 50% a productos importados desde Asia, donde destacan los autos, acero, textiles, entre otros, como una medida para compensar al mercado mexicano de precios subvaluados y equilibrar la competencia nacional con la extranjera.

Para la Coparmex resulta oportuno el impulso de la producción interna y de establecer condiciones más justas frente a prácticas desleales de comercio internacional.

No obstante, Juan José Sierra, presidente de la Coparmex sostuvo que “la industria mexicana aún carece de infraestructura suficiente para sustituir de forma inmediata ciertos bienes importados, como calzado, electrodomésticos, artículos escolares, juguetes y utensilios del hogar, lo que podría ocasionar desabasto y distorsiones en los costos de producción”.

A través de un comunicado, el sector patronal expuso que el aumento propuesto a los aranceles de importación por parte del Ejecutivo Federal podría generar presiones inflacionarias y afectar directamente el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

“Si México adopta incrementos abruptos sin atender su estructura industrial, el efecto sería contrario al deseado: las cadenas manufactureras mexicanas perderían competitividad y los bienes que exportamos a Estados Unidos y Canadá se encarecerían, afectando el objetivo regional de atraer inversión, generar empleo y ganar mercado frente a Asia y Europa”, acotó el organismo privado.

También, el presidente de la Coparmex alertó sobre los riesgos de establecer cuotas compensatorias o precios mínimos de importación sin un análisis adecuado, ya que estas medidas podrían incentivar el contrabando y la informalidad, afectando la competencia leal y la recaudación fiscal.

Para garantizar una transición efectiva hacia la sustitución de importaciones, la Coparmex propone un enfoque basado en el diálogo con los sectores productivos, acompañado de programas e incentivos financieros que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Asimismo, destacó la necesidad de que las medidas sean compatibles con la integración del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Plan México, con el objetivo de atraer inversión, generar empleo y mejorar la competitividad frente a otras regiones como Asia y Europa.

Para que la estrategia funcione, los ajustes arancelarios deben ser graduales, técnicamente sustentados y compatibles con la capacidad productiva local, de manera que refuercen la integración del T-MEC y la consolidación del Plan México.

Tips al momento

EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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