Red Nacional de Refugios demanda asignación de 510 millones de pesos del PEF para 2026
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al grito de “¡Refugios sí, feminicidios no!” y “¡Sin recursos sólo son discursos!”, integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR) se manifestaron frente a Palacio Nacional para demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la asignación exclusiva de, al menos, 510 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 para la operación de estos espacios que apoyan a mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género.
Alrededor de las 7:30 horas de este miércoles 5 de noviembre, la hora en que comenzaba la conferencia matutina de la mandataria federal, comenzó la protesta con pancartas y consignas que hicieron poco más de 60 mujeres integrantes de la RNR, que representan al 60% de los refugios de la sociedad civil, encabezadas por Wendy Figueroa, directora de la Red.
En un pronunciamiento, la RNR acusó que la “fusión de programas presupuestarios sin una asignación explícita y garantizada para los refugios y sus centros de atención externa -como se presentó en el Proyecto del PEF 2026- constituye un riesgo real de invisibilización y debilitamiento de una política pública que salva vidas y que en 2021 se logró que se materializara en un Programa Presupuestario Autónomo”.
Agregó que la integración genérica de los refugios representa “un retroceso en el reconocimiento del papel crucial que estos espacios desempeñan en la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres”.
Incluso, advirtió que esa medida “contradice la responsabilidad del Estado mexicano de cumplir con sus compromisos internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que demandan garantizar recursos y políticas públicas específicas para salvaguardar a mujeres y a sus hijas e hijos frente a la violencia de género”.
Para la RNR, estos espacios son un “mecanismo vital para preservar vidas y asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por ello, su financiamiento y gestión deben ser una prioridad clara y diferenciada en el presupuesto público, evitando diluir recursos en programas generales que puedan desatender esta necesidad urgente”.
Consideró que las mujeres, niñas y niños que sobreviven a “violencias patriarcales no pueden depender de decisiones administrativas, cambios de prioridad política o marcos presupuestarios ambiguos”.
Incluso, denunció que, a una solicitud de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia recibida el pasado 30 de septiembre, la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlalli Hernández Mora, reconoció la violencia feminicida, “pero el reconocimiento sin garantías es insuficiente. La vida de las mujeres no se protege con discursos, sino con presupuesto, acciones claras y voluntad política sostenida”.
Falta presupuesto 2025
En el pronunciamiento, la RNR acusó que, a dos meses de concluir el ejercicio 2025, los refugios del país “siguen sin recibir la totalidad del presupuesto asignado” para este año.
Ello, dijo, “retrasa atención, pone en riesgo vidas y evidencia que los cambios institucionales del gobierno en turno, no han sido acompañados de una visión feminista centrada en la vida y los derechos de las mujeres, niñas y niños”.
También rechazó “que el gobierno intente responsabilizar a los refugios por sus propias omisiones y retrasos. Los refugios que conforman la Red Nacional de Refugios (RNR) han demostrado transparencia y mantienen sus puertas abiertas, brindando protección indispensable a mujeres, niñas y niños”.
Las demandas
En el pronunciamiento, las inconformes enlistaron sus exigencias:
- Liberación total inmediata de los recursos pendientes de 2025.
- Que se aprueben las reservas realizadas al presupuesto sobre el programa de Refugios, transparentando, especificando y designando al menos 510 millones de pesos exclusivos para su operación en 2026
- Mecanismos expeditos, no burocráticos, para el acceso a los recursos priorizando los derechos humanos y poniendo al centro las vidas de cientos de mujeres, niñas y niños
- Diálogo público, directo y resolutivo con la presidenta Sheinbaum, mesas de trabajo con la Secretaría de las Mujeres y con los legisladores para garantizar que las decisiones presupuestarias reflejen las necesidades reales de las mujeres, niñas y niños en situación de violencia.
“No permitiremos que se responsabilice a quienes salvan vidas por las fallas del Estado… Sin refugios no hay garantías reales de derechos, y sin presupuesto, no hay Estado que cumpla”, declararon.
El pronunciamiento está firmado por alrededor de 20 asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada que ofrecen refugio para víctimas de violencia de género en diferentes entidades del país.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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