
Al grito de “¡Refugios sí, feminicidios no!”, integrantes de la RNR se manifestaron frente a Palacio Nacional para demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum la asignación exclusiva de, al menos, 510 millones de pesos.
Al grito de “¡Refugios sí, feminicidios no!” y “¡Sin recursos sólo son discursos!”, integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR) se manifestaron frente a Palacio Nacional para demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la asignación exclusiva de, al menos, 510 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 para la operación de estos espacios que apoyan a mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género.
Alrededor de las 7:30 horas de este miércoles 5 de noviembre, la hora en que comenzaba la conferencia matutina de la mandataria federal, comenzó la protesta con pancartas y consignas que hicieron poco más de 60 mujeres integrantes de la RNR, que representan al 60% de los refugios de la sociedad civil, encabezadas por Wendy Figueroa, directora de la Red.
En un pronunciamiento, la RNR acusó que la “fusión de programas presupuestarios sin una asignación explícita y garantizada para los refugios y sus centros de atención externa -como se presentó en el Proyecto del PEF 2026- constituye un riesgo real de invisibilización y debilitamiento de una política pública que salva vidas y que en 2021 se logró que se materializara en un Programa Presupuestario Autónomo”.
Agregó que la integración genérica de los refugios representa “un retroceso en el reconocimiento del papel crucial que estos espacios desempeñan en la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres”.
Incluso, advirtió que esa medida “contradice la responsabilidad del Estado mexicano de cumplir con sus compromisos internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que demandan garantizar recursos y políticas públicas específicas para salvaguardar a mujeres y a sus hijas e hijos frente a la violencia de género”.
Para la RNR, estos espacios son un “mecanismo vital para preservar vidas y asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por ello, su financiamiento y gestión deben ser una prioridad clara y diferenciada en el presupuesto público, evitando diluir recursos en programas generales que puedan desatender esta necesidad urgente”.