Departamento del Tesoro de EU liga círculo de Marina del Pilar al Cártel de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una serie de documentos y registros empresariales apuntan a que José Galicot Behar, reconocido empresario tijuanense y figura pública por su labor filantrópica, mantiene vínculos societarios con Jorge Arturo Rojas Navarro, uno de los hombres recientemente sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero ligadas al Cártel de Sinaloa.
Las empresas que los relacionan mantienen contratos con diferentes gobiernos, destacadamente con Tijuana y Mexicali.
El pasado 18 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actualizó su lista de sancionados, incluyendo a Rojas Navarro y a una red de compañías mexicanas que, según el Tesoro, “fueron utilizadas para blanquear millones de dólares en beneficio de la organización criminal conocida como ‘La Mayiza’, parte de la estructura del Cártel de Sinaloa” (Comunicado SB0252, Departamento del Tesoro, EE. UU.).
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Proceso, Galicot aparece como socio o administrador único en al menos tres empresas que comparte con Rojas Navarro: Escénica Publicidad, S.A. de C.V., Kuk Lab, S.A. de C.V. y Kuk Track, S.A. de C.V. Estas compañías —constituidas entre 2006 y 2009— han obtenido contratos con municipios como Mexicali, La Paz y Guaymas, principalmente para servicios de telemetría y geolocalización.
Un contrato fechado el 2 de enero de 2025 involucra a la sociedad Galicot–Rojas en la prestación de servicios tecnológicos al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. La OFAC señaló particularmente a la empresa Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., vinculada a Rojas, por su papel en el blanqueo de capitales a favor del grupo criminal. El Tesoro estadunidense advirtió que estas compañías “operaban bajo estructuras corporativas aparentemente legales, diseñadas para ocultar los flujos financieros ilícitos y proteger a los verdaderos beneficiarios”.
El caso ha encendido alertas en Baja California debido a la relación personal y política entre José Galicot y Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La cercanía entre ambos ha sido documentada en actos públicos, eventos empresariales y colaboraciones en proyectos de desarrollo regional. Ahora, esa amistad se encuentra bajo el escrutinio ciudadano, ante la posibilidad de que empresas con nexos cuestionados mantengan contratos con el gobierno estatal.
Hasta el momento, ni la oficina de la gobernadora ni la de Torres han emitido posicionamiento oficial. En los registros de contrataciones públicas, sin embargo, Kuk Track y Kuk Lab mantienen contratos activos con instancias municipales de Mexicali y Tijuana signados durante 2024 y 2025.
La caída del “benefactor”
Galicot, de 87 años, ha construido su imagen como promotor de la innovación y la cultura fronteriza, especialmente como fundador del evento Tijuana Innovadora, donde ha reunido a empresarios, artistas y líderes sociales.
Su nombre ha sido sinónimo de filantropía, progreso y responsabilidad social. Pero los documentos revelados lo muestran como socio y administrador en estructuras empresariales que ahora figuran en la mira de Washington.
Aunque el propio empresario negó tener relación con Rojas Navarro, admitió conocerlo: “Es un buen muchacho”, dijo a medios locales, prometiendo mostrar documentos para desmentir los vínculos. Hasta la fecha, no ha presentado pruebas públicas que sustenten su versión.
Silencio oficial
El caso representa un riesgo reputacional para el gobierno de Marina del Pilar, que ha hecho de la transparencia y la rendición de cuentas uno de sus ejes discursivos. El dilema es si romper los vínculos con empresarios cercanos o sostener contratos que podrían comprometer la integridad del gobierno estatal. La respuesta, por ahora, es el silencio.
Mientras tanto, en Washington, el Tesoro estadunidense advirtió en su comunicado que “Estados Unidos continuará desmantelando las redes de lavado de dinero que sustentan las operaciones del narcotráfico y afectan la integridad de las instituciones mexicanas”.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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