México registra 819 mil 672 muertes en 2024; subieron las tasas de homicidios y suicidio: Inegi
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros tres meses de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, se registraron 819 mil 672 muertes, cifra superior en 2.5 por ciento a la de 2023, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base en certificados de defunción emitidos por las oficialías del Registro Civil y por los servicios forenses del país, el Inegi dio a conocer este lunes las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) en 2024, complementada con información estadística de las Agencias del Ministerio Público.
El reciente informe del Inegi permite establecer que durante el sexenio de López Obrador y los primeros tres meses del de Sheinbaum, esto es entre 2019 y 2024, se registraron 208 mil 223 homicidios, de los cuales 182 mil 565 fueron hombres y 23 mil 258 mujeres.
Según la revisión realizada por el Inegi, en 2024 los mexicanos fallecieron principalmente por cinco causas: enfermedades del corazón (192 mil 518 personas), diabetes mellitus (112 mil 577), tumores malignos (95 mil 108), enfermedades del hígado (40 mil 645) y accidentes (39 mil 919).
De acuerdo al reporte, del total de fallecimientos 44% corresponden a mujeres, 55.9% a hombres, mientras que en el 0.1% no especificó el sexo de la persona.
Por tasa de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes, según la entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida, las diez entidades con las mayores tasas fueron Colima (750), Chihuahua (742), Quintana Roo (735), Morelos (710), Baja California (698), Tabasco (683), Guanajuato (679), Yucatán (673), Chiapas (667) y Sonora (665).
Homicidios
En el caso de los homicidios, el Inegi reportó que en 2024 se registraron 33 mil 550 homicidios de los cuales el 29 mil 448, es decir 87.8%, fueron hombres, y 3 mil 739, el equivalente a 11.1% fueron mujeres. En hombres, el homicidio fue la quinta causa de muerte en 2024.
“A nivel nacional, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 25.8. Esta resultó superior a la de 2023, que fue de 24.9%”, apuntó el Inegi.
En cuanto a número de defunciones por homicidio, de acuerdo a la entidad federativa, el top diez fueron Guanajuato (4 mil 035), Estado de México (3 mil 297), Baja California (2 mil 460), Chihuahua (2 mil 336), Jalisco (mil 868), Guerrero (mil 721), Nuevo León (mil 678), Michoacán (mil 634), Sonora (mil 605) y Puebla (mil 055).
Las entidades con menores registros de homicidios fueron Yucatán (65), Baja California Sur (85), Campeche (108), Durango (110) y Coahuila (120).
“Los medios más frecuentes para generar lesiones que provocaron la muerte por homicidio fueron: arma de fuego, con 71.5%; contacto traumático con arma blanca, con 9.3%; ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.6%”, precisó el Inegi.
Suicidios
En cuanto a las defunciones por presunto suicido, el reporte de 2024 reveló que se 9 mil 051 muertes fueron por esa causa, siendo 19.4% mujeres y 80.6% hombres, mientras que en tres casos no se especificó el sexo de la persona fallecida.
El Inegi resaltó la tendencia al alza en esta causa de muerte, toda vez que mientras en 2015 la tasa de personas fallecidas por cada cien mil habitantes era 5.3, para 2024 fue de 7. En hombres la tasa pasó de 8.6 en 2015 a 11.5 el año pasado, mientras que en muertes fue de 2 y 2.6, respectivamente.
En 2024, “las entidades federativas de residencia habitual con las mayores tasas estandarizadas de suicidio fueron Yucatán, con 14.2; Chihuahua, con 14.0; y Aguascalientes con 12.0”, mientras que las tasas más bajas se registraron en “Guerrero, con 1.9: Chiapas, con 3.8; Baja California y Veracruz con 4.8 cada una”, apuntó el Inegi.
En su reporte anual, el Inegi incluyó 2 mil 663 muertes clasificadas en los certificados de defunción como “presunto evento de intención no determinada”, consideración que “deriva de que la información disponible en el certificado de defunción no permite clasificar la muerte como presunto homicidio, un presunto suicidio o un presunto accidente o una intervención legal”.
De ese total 21.7% correspondieron a Baja California; 11.3% a Guanajuato y 7.2% a Jalisco, mientras que el Estado de México, Veracruz, Puebla, Guerrero y Michoacán, registraron menos de 7% cada una, puntualizó el Inegi.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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