Autoridades recuperan 960 hectáreas de costa de Nayarit que fueron objeto de actos de corrupción
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Autoridades estatales y federales mexicanas informaron el martes de la recuperación de más de 960 hectáreas de costa del Pacífico en el estado mexicano de Nayarit, que estaban gestionadas por un fideicomiso público y fueron objeto de especulación y actos de corrupción durante 16 años por parte de funcionarios y empresarios.
Entre los funcionarios involucrados mencionaron dos exgobernadores: Roberto Sandoval (2011-2017), actualmente en prisión, y Ney González (2005-2011), que es buscado por la justicia.
En conferencia de prensa, el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, explicó que a lo largo de ese periodo se creó un “entramado cuidadosamente planeado para simular actos jurídicos y despojar al estado de bienes de gran valor”. Agregó que se aseguraron cuentas por valor de unos 400 millones de dólares y todavía hay 359 cuentas bancarias bajo estrutinio.
Cristina Reséndiz, de la fiscalía federal, indicó que hay varias investigaciones abiertas, entre otros delitos, por hechos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencia y acciones contra la administración de justicia. Refirió que contra González hay una orden de aprehensión. Tanto González como Sandoval gobernaron por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Nayarit es conocido por sus hermosas playas, de alto valor turístico, pero también ha sido un estado marcado por la violencia y la corrupción sobre todo de 2011 a 2016 años en los que parte de sus autoridades trabajaron por el crimen organizado, según un informe oficial de 2022.
El exfiscal en esa época, Edgar Vaytia, fue sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, y Sandoval está encarcelado en México desde 2021 acusado de varios delitos de corrupción, aunque Washington también le vincula con el crimen organizado.
El operativo de recuperación de terrenos y bienes inmueble objeto de operaciones ilícitas comenzó a principios de 2022 y va al 92%, precisó el actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Según sus datos, el valor de esos terrenos —que ocuparían el equivalente a 1.350 estadios de fútbol— es de más de 2.700 millones de dolares.
Gran parte de los predios se recuperaron gracias a acuerdos reparatorios pactados con quienes se apropiaron de ellos y a partir de ahora son gestionados a través de un fondo público-privado con el que el gobierno estatal confía en atraer la inversión hacia Nayarit en momentos econonómicos complicados por la política arancelaria de Estados Unidos.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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