Diputadas y diputados aprobaron, por unanimidad, reformas para fortalecer servicios de atención a la salud mental

Por unanimidad de 454 votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud, a fin de fortalecer los servicios de atención a la salud mental.

El documento, avalado en sesión vespertina y turnado al Senado para sus efectos constitucionales, considera que los objetivos de salud mental deberán integrarse en las políticas y programas sectoriales pertinentes.

Precisa que los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial con perspectiva de género, de derechos de niñas, niños y adolescentes y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales.

También, contempla la planificación, el diseño y el desarrollo de una estrategia nacional e integral para detectar, atender y prevenir el suicidio con un enfoque de derechos, prestando especial atención a los grupos poblacionales en que se haya detectado un mayor riesgo.

Expone que según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) uno de cada cuatro mexicanos ha experimentado un trastorno mental en algún momento de su vida; sin embargo, menos del 20 por ciento recibe tratamiento oportuno. 

Menciona que según datos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) el 30 por ciento de los mexicanos experimentará algún trastorno mental a lo largo de su vida, y solo uno de cada 5 recibirá atención especializada. Además, el suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, según el INEGI (2023). Esos datos reflejan una crisis silenciosa que requiere intervención legislativa inmediata.

México --añade-- tiene menos de 4 psiquiatras por cada cien mil habitantes, muy por debajo de la media de los países de la OCDE, que es de 18 por cada cien mil. La concentración de servicios en hospitales psiquiátricos aísla a los pacientes y vulnera sus derechos.

La salud mental es una herida invisible

Como promovente, la diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) estimó que hablar de salud mental es hablar de familias, hijas e hijos y jóvenes que hoy enfrentan una incertidumbre constante de madres que cargan con el dolor en silencio, de padres que no saben pedir ayuda y de miles de personas que aún sin decirlo están solicitando auxilio.

La salud mental --dijo-- es una herida invisible que no sangra, pero duele; no se ve, pero se siente todos los días en los hogares, en las aulas, en los trabajos y en las calles. Hoy se celebra un paso histórico con la aprobación del dictamen en materia de atención a la salud mental.

Hizo notar que la salud mental no tiene partido, ideología ni color político, porque es un derecho humano que los une como sociedad.

Citó que uno de cada cuatro mexicanos va a desarrollar un trastorno mental a lo largo de su vida. Y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 75 por ciento de las personas con depresión o ansiedad en países de ingreso medio y bajo, como el nuestro, no reciben tratamiento alguno.

Resaltó que a partir de esta reforma a la Ley General de Salud los objetivos de salud mental deberán integrarse en todos los programas y políticas del sector salud, pero también en educación, desarrollo social y trabajo. 

Agregó que los servicios deberán contar con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescente, y la estrategia nacional para detectar, atender y prevenir el suicidio deberá prestar especial atención a los grupos poblacionales en que se haya detectado un mayor riesgo de suicidio.

México necesita una política que no solo reaccione sino prevenga y salve vidas, porque la salud mental se construye en la escuela, con docentes capacitados para detectar señales de alarma; en el trabajo, con ambientes laborales saludables, y en los hogares con familias que escuchan y acompañan, puntualizó la legisladora.
 

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

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La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

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Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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