Disputa por el Consejo Coordinador Empresarial: Del silencio de Cervantes a una rebelión interna

El Polyforum Siqueiros en la Ciudad de México se convirtió en un escenario atiborrado de optimismo. Imágenes de un país que presume su manufactura llenaron las pantallas con la frase “Lo hecho en México está mejor hecho”, una campaña ideada como respuesta a la guerra arancelaria de Donald Trump. La música acompañaba y entre los asistentes, ejecutivos de Liverpool, Genomma Lab, Chedraui y Atún Tuny, se respiraba entusiasmo. Muchos de ellos, dispuestos a respaldar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

Pero el auditorio no fue homogéneo. Cerca de 300 personas se reunieron y en las últimas filas se dibujaba otra estampa, directivos y empresarios que observaban incrédulos y repetían en voz baja el reproche al ver las manos de Cervantes estrechar las del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. “Con el gobierno, amigo; con los empresarios, no”, dijeron los asistentes haciendo alusión a que no todas las empresas ni representaciones empresariales mexicanas fueron invitadas.

Cuando Francisco Cervantes Díaz asumió la presidencia del CCE en marzo de 2022, presentó una consigna que hoy parece dictar su destino: “Con el gobierno, diálogo, y con los empresarios, buscar oportunidades”.

Desde aquel discurso, pronunciado ante el pleno empresarial, señaló que su prioridad sería tender puentes con el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador. La estrategia rindió frutos inmediatos. El propio expresidente, habitualmente crítico del empresariado, lo respaldó.

Cervantes y Sheinbaum. Acercamiento y diálogo. Foto: Eduardo Miranda.

“Él obtuvo los votos para representar a los empresarios y a las asociaciones del Consejo Coordinador Empresarial; llevo buena relación con él”, dijo en una de sus tantas conferencias mañaneras.

Tres años después, ahora con Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta, en 2025 estalló la disputa.

 

La fractura

Cámaras que en conjunto representan más de 80% del Producto Interno Bruto (PIB) se levantaron contra Cervantes. La fractura se abrió desde dos frentes: la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Para esta parte del sector privado, Cervantes ha callado frente a decisiones que lesionaron la inversión, el Estado de derecho y la seguridad económica.

Como muestra, no dijo nada cuando en el sexenio del autodenominado primer piso de la Cuarta Transformación 28 proyectos se detuvieron en materia de energía eólica, representando un impacto económico calculado en cinco mil millones de dólares. Los 28 proyectos representan cinco mil megavatios de capacidad y 1 megavatio equivale a 1 millón de dólares, esto con datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

 

Conflictos con la Canacintra

En 2023 Esperanza Ortega Azar, entonces presidenta de la Canacintra, descubrió que su cámara había sido suspendida del CCE bajo el argumento de una deuda económica.

“Hay organismos que adeudan muchísimo y que no son suspendidos, que tienen voz y voto, pero comparten la visión de Cervantes”, dijo en abril último en entrevista con Proceso.

Para Esperanza Ortega, la suspensión de la Canacintra del CCE se trató de una estrategia política: excluir a quienes discrepaban de las políticas obradoristas y criticaban la tibieza del CCE frente al gobierno.

Con Cervantes al frente se dibujaron dos rostros del empresariado. Por un lado, el de las “corbatas y oficinas”, que privilegia la cercanía con el poder. “Como Grupo Monterrey y Carlos Slim”, expone una fuente del CCE que pide no revelar su nombre. Son ellos quienes guardan silencio frente a reformas como la energética o la judicial, y que cumplen puntualmente con las cuotas para sostener al organismo, agrega.

Por otro lado, el empresariado territorial, que enfrenta a diario un panorama menos diplomático, extorsiones, cobro de derecho de piso, inseguridad, trámites burocráticos interminables, altibajos en las exportaciones hacia Estados Unidos y la presión constante de trabajadores que demandan mejores salarios y condiciones laborales.

En Jalisco, por ejemplo, el crimen organizado ha obligado al cierre de negocios, destruyendo empleos y debilitando el dinamismo económico local.

Proceso ha documentado que en cada anuncio de inversión o en las obras estratégicas donde aparece el presidente del CCE también se encuentra Carlos Slim. La relación se exhibió de manera abierta en la inauguración del Tren Maya, donde Cervantes acompañó al magnate, cuyo Grupo Carso desarrolló el Tramo 2 del proyecto.

“El CCE, en teoría, es la voz de las principales organizaciones del país: Concamin, Coparmex, Consejo Mexicano de Negocios, CNA, ABM, ANTAD, Caintra, AMIS, Amafore, Comce, Canaco y Concanaco Servytur. Sin embargo, bajo Cervantes la toma de decisiones quedó concentrada en una Comisión Ejecutiva reducida, dominada por la Concamin, Coparmex, AMIS, CMN, CNA y ABM”, explica la fuente consultada.

“Los intereses del CCE no representan territorio, no representan al sector productivo de México, representan los intereses de unos cuantos”, sostuvo a su vez Ortega en esa entrevista de abril.

 

Silencio

Durante la administración de López Obrador, el CCE de Francisco Cervantes nunca mostró preocupación pública ni levantó la voz ante decisiones que golpearon al sector privado, “ni siquiera con el punto más preocupante, la inseguridad”, coincide una fuente de la Coparmex que pide el anonimato por razones de seguridad institucional.

Para Esperanza Ortega, expresidenta de la Canacintra, esta ausencia de crítica fue el reflejo de una desconexión total entre la cúpula empresarial y quienes “realmente producen y generan empleo en México”.

“Vi que varios empresarios le pedían a Francisco Cervantes pronunciarse sobre posibles afectaciones a las inversiones, pero pues se quedó en el tintero. La verdad, no levanta la voz, no significa nada y sí toma represalias con quienes no están de acuerdo”, lamentó.

La indignación alcanzó su punto más alto en el sector comercial y de servicios de Sinaloa. En Culiacán la guerra entre grupos criminales, con los Chapitos imponiendo su control tras la captura de Ismael Mayo Zambada García, dejó desde 2024 una economía devastada, con comercios cerrados, empresarios amenazados, empleos perdidos y un éxodo empresarial silencioso.

De acuerdo con datos de la Coparmex Sinaloa al corte de julio de 2025, un año después de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, la violencia había causado el cierre de dos mil unidades económicas y la pérdida de 36 mil empleos en el estado.

Mientras tanto, el CCE de Cervantes guardó silencio. No hubo pronunciamiento, no hubo defensa, acusa la fuente interna de la Coparmex.

Esa indiferencia frente a la violencia que arrasa regiones completas lastimó a la Concanaco Servytur. El 7 de abril de 2025, tras consultar a sus 32 cámaras estatales, su presidente Octavio de la Torre anunció la suspensión de la relación institucional con el CCE.

 

El punto de quiebre

A la omisión se suman los cambios en el CCE. En enero de 2025, justo cuando concluía el periodo de mandato de Cervantes, la Comisión Ejecutiva decidió posponer a diciembre la Asamblea Anual Ordinaria prevista para elegir nuevo presidente. Con ello, Cervantes extendió su mandato sin someterlo a votación.

“Esta pausa no es un acto de división, es un llamado firme y respetuoso a la renovación, la inclusión y el equilibrio porque lo que realmente divide no es la crítica, es el silencio; no es la postura, es la simulación”, así fue como el presidente de la Concanaco señaló las razones que había detrás para alejarse del Cervantes.

Cervantes y Ebrard. Polémica cercanía para un sector del CCE. Foto: Montserrat López.

La decisión rompió con los precedentes de Carlos Salazar Lomelín (2019-2022) y Juan Pablo Castañón (2016-2019), quienes cumplieron el ciclo de tres años. Pero recordó la reelección de Gerardo Gutiérrez Candiani (2012-2015), que en su momento fue legitimada por una votación unánime del pleno.

“En el caso de Cervantes no hubo consenso, ni justificación ni respaldo de todas las bases. Hubo molestia. Y hubo hartazgo”, expone la fuente consultada.

En abril de 2025 Francisco Cervantes anunció la suspensión del presidente de la Concanaco dentro del CCE.

Para la Concanaco, la medida respondió a una represalia, tener comunicación directa con el gobierno de Sheinbaum para revisar la reforma del Infonavit.

“Respetamos la diversidad de opiniones en torno a las políticas públicas, y como organismo cúpula nuestra responsabilidad es garantizar que el diálogo y la representación empresarial se desarrollen dentro de un marco de consenso”, señaló el CCE.

El mensaje de Cervantes incluyó el respaldo a la presidenta Sheinbaum y la disposición a colaborar en proyectos de inversión. Pero omitió responder a las acusaciones sobre concentración de poder, manipulación interna y las peticiones de atender al sector empresarial que sufre el cobro de derecho de piso por parte del crimen organizado.

Una fractura bajo la sombra de Trump

A finales de julio último, Esperanza Ortega dejó la presidencia de la Canacintra y designó a María de Lourdes Medina Ortega como nueva dirigente nacional; Ortega se retiró por motivos de salud.

En medio de la ruptura del CCE y el enfrentamiento con la Concanaco y la Canacintra, Cervantes expuso en el evento “Lo hecho en México está mejor hecho” que aún hay relación con las dos organizaciones.

“Nos vamos a echar un tequila (...) la amistad y lo institucional siempre lo manejamos”, dijo a Proceso.

“Se le quiere mucho a la Concanaco”, matizó Cervantes, para luego reconocer que con la nueva presidenta de la Canacintra “no ha tenido contacto”.

Sin embargo, Francisco Cervantes sí mencionó que ha tenido encuentros con los nueve ministros que entraron en funciones el primero de septiembre último. Mientras, el resto del sector empresarial está a la espera del ambiente jurídico que se avecina.

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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.

Con información de Proceso. 

Tips al momento

Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB

Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.


La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.


En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.


Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.


Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso

Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.

Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.

Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.


Quieren afiliar a todo GyC

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.

De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de  93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.

 Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.

Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.

 

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