
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-- Entre los múltiples problemas de adeudos que arrastra Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ahora también aparece la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dentro de la lista de acreedores a los que la petrolera no ha podido cubrirles a tiempo.
De acuerdo con el reporte de pagos y adeudos con proveedores y contratistas de Pemex, muestran que la empresa mantiene facturas sin pagar por más de 31 millones de pesos correspondientes al suministro eléctrico en 2024.
Se trata de montos ya facturados, reconocidos formalmente como obligaciones, que quedaron asentados como compromisos vigentes y que, aun así, no han sido liquidados.
El rezago de pagos no solo afecta a contratistas privados o a proveedores especializados, sino que alcanza incluso a otra de las empresas públicas estratégicas del país.
A este pendiente se suma lo que expone el reporte de información financiera del tercer trimestre de 2025 de la CFE.
La empresa dirigida por Víctor Rodríguez Padilla registró una deuda adicional de Pemex por 4 mil 315 millones de pesos en este 2025, clasificada en el rubro de obligaciones que deberán liquidarse en menos de un año.
El documento detalla, además, que el contrato entre ambas empresas fue firmado el 1 de enero de 2025 y presenta vencimiento durante el mismo periodo fiscal, lo que significa que la obligación de pago es inmediata y debe resolverse dentro del actual ciclo financiero, en este año.
Con información de: Proceso.

Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.

Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.

Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.

Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
