Tipifican “transfeminicidio” en Edomex; será sancionado con hasta 93.4 años de prisión

TOLUCA, Edomex. (apro).- Con el voto del Partido Acción Nacional (PAN) en contra, el Congreso mexiquense aprobó tipificar como delito el transfeminicidio (el homicidio o feminicidio de una mujer trans) y sancionarlo hasta con 93.4 años de prisión.  

La iniciativa, promovida por le diputade morenista Luisa Esmeralda Navarro Hernández, establece que cometerá el delito de transfeminicidio quien, por razones de identidad o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans, o a una persona cuya identidad o expresión de género se identifique como mujer, en un contexto de discriminación.  

Destaca que existen razones de identidad o expresión de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando haya sufrido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, ya sean previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia.   

También cuando haya antecedentes o indicios de que el sujeto activo haya ejercido violencia familiar, institucional, política, comunitaria, laboral o escolar; cuando entre la víctima y el agresor haya existido una relación sentimental, afectiva, de subordinación o de confianza; o cuando haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil.  

Además, cuando el cuerpo de la víctima sea exhibido, expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; cuando la comisión del delito o el cuerpo de la víctima se exponga, difunda, publique o transmita, a través de cualquier tecnología de la información, comunicación, transmisión de datos o se comparta por cualquier medio.  

De igual manera, cuando el cuerpo de la víctima presente señales de ensañamiento vinculadas con su identidad o expresión de género, ya sea de manera directa en su persona o a través de sus objetos personales que resulten distintivos de dicha identidad o expresión.  

Adicionalmente, cuando testigos o evidencia indiquen que, previo o posterior al delito, el sujeto activo utilizó expresiones verbales que indiquen rechazo u odio a la víctima por motivo de su identidad o expresión de género; la víctima sea despojada de elementos distintivos de su identidad o expresión de género o artículos personales de la víctima sean intercambiados por artículos relacionados con el género opuesto.  

Finalmente, cuando el sujeto activo argumente la comisión del delito de forma expresa por motivos de identidad o expresión de género en contra de la víctima.  

De inicio, las penas para este delito serán de entre 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días multa, aunque se agravarán hasta en un tercio si la víctima es menor de edad o el sujeto activo es persona servidora pública que cometa la conducta valiéndose de esta condición, en cuyos casos el castigo alcanzaría hasta 93 años y cuatro meses de prisión y 6 mil 666 días multa.  

Además, en los casos que corresponda, el sujeto activo perderá los derechos civiles y familiares en relación con la víctima, incluidos los sucesorios.  

Durante la discusión en el pleno, el panista Anuar Azar indicó que su partido cree en el orden natural de la vida y en la familia, por lo que la violencia debe ser condenada sin etiquetas. Si se trata de endurecer penas, expuso, que se haga para todo homicidio violento, “rechazamos figuras penales basadas en construcciones ideológicas o percepciones muy personales de identidad”, planteó.  

Dijo que el feminicidio, en su sentido jurídico, “existe para sancionar la violencia contra la mujer biológica en razón de su sexo, y pretender extenderlo a cualquier autoprescripción, diluye la protección a las verdaderas víctimas de violencia, distorsiona de manera grave el propósito original de que la ley actúe para todas y todos por igual”.  

Consideró que existen otros problemas que realmente duelen a México, como la violencia, los baches, la corrupción, la falta de medicamentos oncológicos, y preocupaciones como el hecho de que hoy “ser valiente y levantar la voz es letal porque te matan”.  

“Es falta de empatía no discutir lo que realmente duele a las familias del Estado de México.... Defenderemos el marco legal basado en la verdad biológica, no en la de la ideología”, acotó.   

Su compañera de bancada Emma Álvarez advirtió que el problema radica no en tipificar nuevos delitos o aumentar penas, sino en la impunidad y la incapacidad del Estado para garantizar justicia.  

Su correligionaria Krishna Romero advirtió complicaciones para acreditar el tipo penal a la hora de demostrar la autopercepción de la víctima, con el riesgo de que prevalezca la impunidad; la figura, dijo, excluye la violencia que padecen los hombres trans, y acusó que el oficialismo rechazó la propuesta del PAN para que el delito se denominara “privación de la vida por identidad de género” que abarcaba a toda la comunidad LGBTTTIQ+.  

Por su parte, morenistas y petistas coincidieron en que la reforma paga una deuda histórica al proteger a un sector poblacional históricamente vulnerado, y responde a la realidad actual de la sociedad. 

Con información de: Proceso.