Empresas de Salinas Pliego deberán pagar 48 mil mdp; Corte resuelve asuntos el día del cumpleaños de López Obrador
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 15 asuntos relacionados con empresas de Ricardo Salinas Pliego y que involucran créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ascienden a 48 mil 326 millones de pesos.
A pesar de los montos elevados en créditos fiscales, los ministros de la llamada Nueva Corte consideraron que no tienen un interés excepcional para el máximo tribunal los recursos legales de Salinas Pliego, quien ha sido crítico de la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador e, incluso, se ha destapado para la presidencia que se disputa en 2030.
En primer lugar, la Suprema Corte aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, con el que se desechó el amparo directo en revisión 6321/2024, de Grupo Elektra.
Este amparo fue el más cuantioso promovido por la empresa de Salinas Pliego contra el fisco, por lo que debería pagar 33 mil 306 millones de pesos.
Posteriormente, la Corte resolvió desechar los recursos de revisión 5654/2024, 5608/2025, 5145/2025, 5731/2025, 5778/2025 y 6293/2025 que, en conjunto, los seis casos representan adeudos de 15 mil 020 millones de pesos de Grupo Elektra y TV Azteca.
También se resolvieron recursos de reclamación e impedimentos en contra de ministros hoy en retiro y las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres.
En uno de ellos, bajo la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo, se determinó que las ministras Esquivel Mossa y Batres Guadarrama no se encuentran impedidas de conocer asuntos relacionados con el empresario Salinas Pliego.
Sobre Esquivel, el ministro ponente consideró que no existe alineamiento político ni adelanto de criterio por parte de esa ministra.
Respecto a Batres, se concluyó que las publicaciones contra Salinas Pliego se hicieron cuando no era ministra y, de acuerdo con una publicación de 2025, se trató de transparencia sobre diversos asuntos y no contienen juicios de valor.
Todos los asuntos fueron aprobados por unanimidad por los ministros, quienes sesionaron en sede alterna este jueves viernes, debido a movilizaciones y protestas que afectan el Centro Histórico.
La resolución de estos temas coincide con el cumpleaños número 72 del expresidente López Obrador, quien promovió la reforma al Poder Judicial que estableció la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.
La actual integración de la Suprema Corte accedió al máximo tribunal a través de esa reforma.
Con información de Latinus.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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