Con 75% de respaldo, trabajadores del Monte de Piedad desafían al Patronato y ratifican la huelga
A 40 días del estallamiento del conflicto, el 75.3% de los trabajadores votaron por mantener la huelga, en una consulta que registró participación prácticamente total, con el 98.7% del padrón.
De los 1,893 trabajadores registrados, votaron 1,873; de ellos, 1,408 respaldaron la continuidad de la huelga, contra 460 que se pronunciaron en contra, además de 2 votos nulos y 23 cancelados. La votación, supervisada por la autoridad laboral, reflejó una base “decidida a sostener la defensa de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT)”, de acuerdo con dirigentes del sindicato, Arturo Zayún.
La huelga estalló ante el desacuerdo por la boletinación de ascensos, un procedimiento interno previsto en el CCT que, según el sindicato, la administración dejó de aplicar pese a ser la principal vía de movilidad laboral en el organismo. Informaron que tres de cada cuatro trabajadores apoyan conservar el sistema de escalafón, al considerarlo una garantía frente a decisiones discrecionales del Patronato.
El conflicto ha escalado por la creciente tensión entre el sindicato y la administración. Mientras los trabajadores exigen respeto al CCT y transparencia en el manejo de recursos, el Patronato insiste en la “inviabilidad” del contrato y en un escenario financiero adverso, posición que ha sido interpretada por el gremio como una estrategia para desmantelar derechos laborales históricos.
En paralelo, continúan las divergencias con el sindicato minoritario, cuya dirigencia ha pedido poner fin al paro. El sindicato mayoritario respondió que existe un intento por “minimizar” las causas del conflicto y dividir a la base para debilitar la posición de los trabajadores en plena negociación.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que la autoridad laboral deberá valorar la contundencia del resultado, pues la ratificación de la huelga con más del 75% de los votos representa un punto crítico en uno de los conflictos laborales más tensos del sector asistencial en los últimos años.
Hasta ahora, no hay acercamientos que indiquen un acuerdo próximo. El Monte de Piedad permanece operando parcialmente y con crecientes presiones externas, mientras los trabajadores mantienen su postura: sin respeto al CCT ni claridad sobre ascensos y condiciones laborales, la huelga seguirá.
Con información de: El economista.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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