250,000 menores mexicanos, en riesgo de ser reclutados por el narco

El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido hace dos semanas, expuso una de las caras que poco se mira de la crisis de inseguridad que padece el país. Quien lo mató fue un menor de edad que presuntamente formaba parte de un grupo de la delincuencia organizada.

Académicos y activistas que estudian la utilización de niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, afirman que, en todos los casos, cuando un menor de edad forma parte de un grupo criminal debe considerarse como reclutamiento forzado y es un fenómeno que va en ascenso.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), actualmente, alrededor de 250,000 niños y adolescentes mexicanos están en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales. 

Son usados como “elementos desechables”

Si bien es ya muy conocido que los grupos delictivos reclutan a adolescentes, hoy se sabe que también reclutan a niños de ocho a 10 años, señala Alejandro López Contreras, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

La explicación es que para esas organizaciones, los menores de edad son “personas desechables” que pueden utilizar para diferentes actividades, desde informantes o vigilantes a entrada de colonias o en caminos, hasta en actividades de sicariato y, si son detenidos por las autoridades o asesinados, es posible reemplazarlos muy rápidamente, refiere el académico, quien se ha dedicado a estudiar el fenómeno.

Los niños y adolescentes son “atractivos” para las organizaciones criminales porque se trata de personas que muy probablemente no van a cuestionar las órdenes que se les den y van a hacer lo que se les ordene, detalla en entrevista.

El investigador, quien es autor del análisis “Reclutamiento y utilización de niñas y adolescentes por grupos delictivos en México, una forma de explotación en la trata de personas”, publicado en la Revista mexicana de ciencias penales, llama la atención en que, si bien se trata de un fenómeno que en México comenzó a visibilizarse desde la primera década de este siglo, todo parece indicar que se ha ido incrementando. Sin embargo, no se cuentan con estadísticas o información precisa al respecto por tratarse de una actividad ilegal.

Prueba de que no es un asunto nuevo es que desde 2015 la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU recomendó a México “tipifique como delito de manera explícita el reclutamiento de niños por grupos armados, como los grupos de la delincuencia organizada” y que “garantice que los niños reclutados ilegalmente tengan acceso a la justicia y reciban una indemnización”.

Factores de riesgo

Para la directora ejecutiva de REDIM, Tania Ramírez Hernández, hay factores estructurales que propician el reclutamiento forzado de menores por grupos criminales y tienen que ver con la marginalidad, pobreza, y violencia instalada en nuestras comunidades, así como las relacionadas con lo institucional, por ejemplo, las etapas de imputabilidad a menores de edad, que están incidiendo en el hecho de que sean reclutados, así como una serie de expulsiones que padecen.

Un caso que relata Juan Carlos Quirarte, consultor experto en materia y quien se ha dedicado a analizar el contexto de trata y reclutamiento de niños y adolescentes en Michoacán, describe esa situación:Laura (no es su nombre real) nació en una familia michoacana, donde, de niña, su madre la explotaba sexualmente.

Apoyada por su pareja, se salió de su casa, pero fue cooptada por un grupo de la delincuencia organizada. Académicos la ayudaron a desvincularse de esa organización criminal. Logró reinsertarse socialmente. Ingresó a trabajar en una institución pública, pero se vio obligada a salir por otro tipo de violencia y decidió irse a un lugar lejano, donde aparentemente su vida comienza a reconstruirse.

Se trata de una historia donde el sistema le falla y maltrata a menores, desde lo que debería ser su núcleo de seguridad, es decir la familia, luego la escuela y posteriormente un centro laboral y en ese contexto son presa fácil para los grupos delictivos, enfatiza el especialista. 

Ingresan por necesidad y exclusiones

Sin embargo, hoy en día niñas, niños y adolescentes tienen diversas formas de ingresar a los grupos de la delincuencia. Según el investigador del Inacipe, Alejandro López Contreras, el primer contacto es a través de sus propias redes de apoyo, ya sea familiar o de su misma comunidad.

En ese aspecto, Boris Alexander Caballero Escorcia, consultor en la materia y quien ha estudiado el fenómeno en la ciudad de México, indica que estos menores de edad son presas de un contexto de precariedades de violencias estructurales que terminan haciéndolos víctimas.

Mientras en entidades como Michoacán o Jalisco, donde hay control territorial de organizaciones criminales que propicia un reclutamiento parecido al que se da en un escenario de conflicto, en la capital del país la realidad es más compleja, porque el dominio territorial de las organizaciones criminales es muy difuso, expone el investigador.

En ocasiones, explica, personas de las redes familiares o de apoyo de los menores pertenecen a grupos criminales y ante esa situación, la incorporación a esas organizaciones “podríamos decir entre comillas se hace de manera natural”.

Muchas veces lo que se da es un abandono de facto de los niños y adolescentes porque los padres están todo el día trabajando. Además, hay otras variables, como el abandono escolar que explica mucho las vulnerabilidades de los menores para terminar siendo captados por una organización criminal. 

No están ahí porque quieren

Los especialistas remarcan que es necesario romper la narrativa de que los menores de edad están en organizaciones criminales porque quisieron, pues en todos los casos fueron forzados a ello.

Michoacán, tal como lo destaca Juan Carlos Quirarte, registra altos niveles de trabajo infantil y rezago educativo, lo cual incrementa la vulnerabilidad de niños y adolescentes a procesos de reclutamiento y explotación.

Esa entidad del occidente del país se ubica entre los estados que tienen mayor presencia de grupos criminales y mayor participación de delitos no denunciados.

En municipios como Apatzingán, Coalcomán, Zamora, Jacona y Uruapan, la presencia de cárteles es histórica y constante. 

Para el especialista, el reclutamiento de menores por la delincuencia organizada en esa entidad, como en otras del país, responde a coerción y violencia; promesas económicas o de protección; normalización de la violencia y forma de supervivencia y ausencia de alternativas educativas y laborales reales.

Indica que estudios de este fenómeno refieren que para muchos de los adolescentes su primera respuesta de porqué estuvo dispuesto a participar es una cuestión económica. 

Después, eso no es suficiente y lo que se pretende es alcanzar un poder, sentirse fuerte, sentirse un alguien y en eso la pertenencia tiene un rol significativo y luego eso no es suficiente y después se aspira a la fama. Que se sepa que yo soy.

Recalca que todo eso es posible porque muchos adolescentes carecen de redes sociales de apoyo: carecen de alternativas, de posibilidad de condiciones que les garanticen un crecimiento saludable y una ausencia de alternativas educativas y laborales reales.

Según los hallazgos del especialista, los adolescentes varones víctimas de trata son obligados a trabajo forzoso, actividades delictivas y de reclutamiento armado, mientras que las mujeres principalmente a trabajo sexual, acompañada de coerción emocional.

A las mujeres el factor de enganche es mediante relaciones afectivas, manipulación y dependencia emocional, mientras que, a los hombres, mediante promesas económicas, pertenencia y presión de pares. 

Para las mujeres los riesgos son violencia sexual, maternidad forzada y estigmatización, mientras que para los hombres normalización de violencia, fallecimiento temprano y criminalización.

Ambos grupos enfrentan graves efectos psicológicos, rupturas familiares y pérdida de proyectos de vida.

Debe ser un delito reclutar menores para hacerlos delinquir

Según el investigador del Inacipe, Alejandro López Contreras para atacar ese problema es necesario hacer las adecuaciones al marco legal para tipificar como delito el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos delictivos y capacitar a los ministerios públicos y policías para que cuando sea detenido un menor de edad por cometer delitos, sean capaces de identificar cuándo se trata de personas que han sido víctimas de reclutamiento por parte de organizaciones criminales y obligadas a cometer ilícitos.

Fue enfático al señalar que, si bien no todos los menores de edad que cometen delitos son víctimas, en muchos casos se trata de personas que fueron obligados a cometerlos.

Lo delicado es que, al haber esas lagunas legales, las organizaciones criminales las aprovechan porque saben que los adolescentes, una vez que son detenidos, no se investigan las causas verdaderas por las cuales ellos están cometiendo delitos.

Nunca son investigados, como operadores de una organización criminal. “Desgraciadamente la investigación termina con la detención del adolescente”.

Muchos de esos menores de edad se convierten en cifras de las estadísticas de las poblaciones carcelarias, otros se suman a las de abatidos o asesinados o desaparecidos por grupos delictivos rivales. En todos los casos, son una expresión de la crisis de inseguridad que padecen muchas regiones del país.   

Con información de El Economista.