Juzgadores cesados acusan opacidad del OAJ; alertan riesgo de desvío de los 6 mil 500 mdp para sus indemnizaciones

Juzgadores y magistrados federales cesados acusaron la falta de información por parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ) sobre el pago de sus indemnizaciones y advirtieron que existe un “riesgo real de un manejo indebido” de los 6 mil 500 millones de pesos destinados a ese fin.

En un comunicado, señalaron que la reunión llevada a cabo para este viernes entre funcionarios del OAJ y un comité de juzgadores cesados fue “completamente infructuosa y humillante”, debido a que no asistió personal con capacidad de diálogo.

Por el contrario, acusaron, fueron recibidos por empleados “de la más baja jerarquía del área de Recursos Humanos”, quienes acudieron con la instrucción de “no transparentar ninguna información”.

Relataron que, ante cada pregunta planteada, el personal presente “se limitó a responder de manera insistente que ‘se estaba analizando’ cada tema”, pese a que —afirmaron— como beneficiarios de la ley tienen derecho a conocer los detalles del proceso.

Los juzgadores cesados sostuvieron que la falta de claridad genera dudas sobre el manejo del presupuesto destinado a las compensaciones. “Debido a la absoluta falta de transparencia por parte del OAJ, existe una preocupación fundada sobre un posible desvío de los recursos consistentes en 6 mil 500 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberó recientemente para el pago de las liquidaciones”, indicaron.

Añadieron que la negativa a precisar el universo de personas que recibirán el pago —previsto para el 10 de diciembre de 2025— y la forma en que se integrará el salario base de cotización “son elementos que evidencian el riesgo real de un manejo indebido de esos recursos”.

OAJ mantiene el pago programado para el 10 de diciembre

El 10 de noviembre, el OAJ informó que el pago único extraordinario previsto en el artículo Décimo Transitorio se entregará el 10 de diciembre de 2025, de 8:00 a 19:00 horas, en su sede de avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn. El órgano aseguró que cumplirá con todas las prestaciones del personal del Poder Judicial de la Federación, incluidas las de fin de año.

El OAJ, que inició funciones el 1 de septiembre de 2025, afirmó que ha cumplido con la mayoría de sus obligaciones y que la compensación para jueces y magistrados en retiro se otorgará conforme al calendario establecido.

Las protestas por la falta de pago comenzaron el 1 de octubre, cuando diversas personas juzgadoras federales en retiro se manifestaron y fueron recibidas por Néstor Vargas, presidente del OAJ, quien entonces aseguró que mantenían diálogo con la Secretaría de Hacienda para garantizar tanto las indemnizaciones como las pensiones complementarias.

Disposiciones constitucionales sobre las indemnizaciones

El artículo Décimo Transitorio de la reforma judicial de 2024 establece que los derechos laborales del personal del Poder Judicial deben respetarse y que el presupuesto federal debe incluir los recursos necesarios para pensiones complementarias, apoyos médicos y demás obligaciones laborales.

Asimismo, determina que los jueces y magistrados federales que concluyan su encargo por declinar su candidatura o por no resultar electos para un nuevo periodo recibirán “un importe equivalente a tres meses de salario integrado y a veinte días de salario por cada año de servicio prestado, además de las prestaciones a que tengan derecho”. Dichos pagos provendrán de los recursos generados por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.

Con información de Animal Político. 

Tips al momento

Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB

Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.


La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.


En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.


Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.


Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso

Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.

Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.

Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.


Quieren afiliar a todo GyC

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.

De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de  93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.

 Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.

Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.

 

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