
La violencia que sacude la zona sur de Chihuahua no sólo deja en evidencia la fuerza y presencia de los grupos criminales: expone, sin maquillaje, la incapacidad o indiferencia del aparato de seguridad estatal y federal para contener una crisis que ya desborda carreteras, ciudades y hasta eventos públicos.
El ataque en el carril de carreras Santa Teresa, donde presuntos líderes criminales se encontraban conviviendo a plena luz del día, sin ser detectados, vigilados o siquiera incomodados por autoridad alguna, no es un hecho aislado, es un síntoma. Y uno muy grave.
Porque mientras los gobiernos presumen estrategias en coordinación, mesas de seguridad y cifras maquilladas, en el terreno real lo que se observa es otra cosa.
Grupos armados moviéndose con libertad en ciudades y carreteras, organizando eventos, reuniéndose y operando frente a la ciudadanía sin que las fuerzas del orden aparezcan ni por error.
¿En dónde estaban las corporaciones encargadas de perseguir a quienes, según ellas mismas, son prioridad en la agenda de seguridad?
Lo ocurrido evidencia que ni el Estado ni la Federación son capaces de cumplir lo mínimo que exige su responsabilidad: inhibir, vigilar y responder ante la presencia abierta de células criminales que afectan la economía, la tranquilidad y hasta la vida cotidiana de los pueblos y ciudades del sur, centro, norte y prácticamente todo el estado.
Mientras los ciudadanos viven entre carreteras tomadas por los criminales, pueblos en tensión y hallazgos violentos, robos de vehículos, los gobiernos parecen limitados a emitir comunicados tibios y operativos reactivos que llegan siempre después.
En una región que ha pedido auxilio durante años, esta nueva oleada de violencia confirma lo que todos sabían pero pocos se atrevían a decir en voz alta:
el Estado está ausente. Y cuando el Estado no ocupa su lugar, alguien más lo ocupa.
¿Las mesas de seguridad cada lunes con los tres niveles de Gobierno están fallando o solo son simulaciones?