Magistrada detractora de la reforma judicial es reubicada de tribunal de CDMX a Guerrero
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó reubicar a la magistrada María Emilia Molina, una de las principales detractoras de la reforma judicial, de un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México a uno en el Estado de Guerrero.
El pasado 12 de noviembre, el Pleno del OAJ autorizó, sorpresivamente el cambio de adscripción de la magistrada, en sustitución de Jerónimo José Martínez Martínez en el Tercer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo, con sede en Chilpancingo, con efectos a partir del 18 de noviembre.
“Hágase del conocimiento de la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, que deberá respetar los derechos laborales del personal adscrito en el órgano jurisdiccional donde se le readscribe”, señala el acuerdo del OAJ.
Molina de la Puente, además de ser afín a la ministra en retiro, Norma Lucía Piña Hernández, ha sido una de las voces más críticas dentro del PJF de la elección judicial y del desempeño de algunos juzgadores electos por voto popular el pasado 1 de junio.
Durante el paro de los trabajadores del PJF contra la reforma judicial, la magistrada formó parte de los juzgadores que se unieron para realizar las llamadas conferencias “contramañaneras” con las que intentaron contrarrestar los efectos negativos de las acusaciones que el Poder Ejecutivo federal realizaba contra integrantes del Poder Judicial en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hasta el momento la magistrada no ha emitido postura pública alguna sobre la decisión del OAJ, misma que fue tomada con base en las facultades de dicho cuerpo colegiado.
Con información de: Proceso.
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Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB
Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso
Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.
Quieren afiliar a todo GyC
A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
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