Ordenan decomisar bienes a Cristina Fernández por desfalco al Estado

BUENOS AIRES (AP).— La justicia argentina ordenó el martes el decomiso de bienes de la expresidenta argentina Cristina Fernández y otras ocho personas condenadas por corrupción en la obra pública durante su mandato por el equivalente a casi 500 millones de dólares, cifra que se calcula fue el desfalco al Estado.

La medida inédita fue dispuesta por el mismo tribunal oral que condenó a la exmandataria (2007-2015) a seis años de prisión a fines de 2022 por administración fraudulenta y que comenzó a cumplir en junio pasado en su domicilio de Buenos Aires luego que la condena quedara firme. Además, la exvicepresidenta (2019-2023) fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua.

El decomiso afecta a más de 100 inmuebles, cuentas bancarias, sociedades y campos de la exmandataria y del resto de los culpables y que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal durante la pesquisa. Los bienes y activos habían quedado embargados tras la condena.

El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria y a poner en pausa su carrera política se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en carreteras nacionales y en rutas de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden a la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.

Según la justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85 mil millones de pesos (unos 70 millones de dólares de entonces), suma que ha sido actualizada por peritos de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los otros condenados alcanzados por la decisión están Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner que fue beneficiado con las obras públicas, un exsecretario de esa área y exfuncionarios de vialidad.

El tribunal que los declaró culpables dejó a criterio de los condenados definir el porcentaje que le correspondía a cada uno por el decomiso de bienes. Pero ninguno de ellos acató la medida y presentaron recursos de apelación que fueron rechazados por instancias judiciales superiores.

La exmandataria, quien sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político. no se pronunció sobre la resolución de este martes.

 

 

Con información de: Proceso.

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La versión oficial apunta a un asunto de carácter personal entre las partes, aunque hasta el momento nadie ha detallado cuál fue exactamente el motivo que llevó a la ruptura, pero lo cierto es que la falta de explicaciones ha abierto la puerta a toda clase de especulaciones dentro de los círculos políticos y jurídicos…

Y es que cuando un caso de esta relevancia registra movimientos de esta naturaleza, resulta inevitable preguntarse qué ocurrió realmente detrás de los escritorios será ¿qué se trató de diferencias en la estrategia legal? ¿hubo desacuerdos sobre el rumbo que debía tomar la defensa? ¿existieron temas administrativos o económicos que terminaron por fracturar la relación profesional?, la duda está en el aire…

Lo que sí es un hecho es que la nueva defensa proviene de Nuevo Casas Grandes, un detalle que también ha llamado la atención entre quienes observan cada movimiento alrededor del exgobernador, se desconoce si llegaron por recomendación o relaciones ya existentes en una etapa donde cualquier decisión puede resultar determinante para el futuro de los procesos que enfrenta, el relevo de abogados difícilmente puede considerarse un asunto menor…

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