Ordenan decomisar bienes a Cristina Fernández por desfalco al Estado
BUENOS AIRES (AP).— La justicia argentina ordenó el martes el decomiso de bienes de la expresidenta argentina Cristina Fernández y otras ocho personas condenadas por corrupción en la obra pública durante su mandato por el equivalente a casi 500 millones de dólares, cifra que se calcula fue el desfalco al Estado.
La medida inédita fue dispuesta por el mismo tribunal oral que condenó a la exmandataria (2007-2015) a seis años de prisión a fines de 2022 por administración fraudulenta y que comenzó a cumplir en junio pasado en su domicilio de Buenos Aires luego que la condena quedara firme. Además, la exvicepresidenta (2019-2023) fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua.
El decomiso afecta a más de 100 inmuebles, cuentas bancarias, sociedades y campos de la exmandataria y del resto de los culpables y que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal durante la pesquisa. Los bienes y activos habían quedado embargados tras la condena.
El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria y a poner en pausa su carrera política se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en carreteras nacionales y en rutas de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden a la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.
Según la justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85 mil millones de pesos (unos 70 millones de dólares de entonces), suma que ha sido actualizada por peritos de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los otros condenados alcanzados por la decisión están Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner que fue beneficiado con las obras públicas, un exsecretario de esa área y exfuncionarios de vialidad.
El tribunal que los declaró culpables dejó a criterio de los condenados definir el porcentaje que le correspondía a cada uno por el decomiso de bienes. Pero ninguno de ellos acató la medida y presentaron recursos de apelación que fueron rechazados por instancias judiciales superiores.
La exmandataria, quien sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político. no se pronunció sobre la resolución de este martes.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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