Juez prohíbe detener, incomunicar o torturar a hombre arrestado en marcha de la Generación Z
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un juez federal prohibió mantener incomunicado, detener o torturar a José Luis “M”, uno de los detenidos luego de la marcha de la Generación Z del sábado 15 de noviembre, quien fue vinculado a proceso este martes por lesiones dolosas en contra de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito en materia Penal en la CDMX, admitió a trámite una demanda de amparo presentada a nombre de José Luis “M” en la que concedió una suspensión de plano para evitar que sea víctima de los actos que reclamó: detención, incomunicación, tortura.
En su acuerdo de admisión, el juez fijó las 12:21 horas del 11 de diciembre próximo para realizar la audiencia constitucional, según la notificación pública del expediente 1141/2025.
José Luis “M”, de 22 años, fue presentado este martes ante un juez de control en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) le imputó el delito de lesiones dolosas.
Aunque fue vinculado a proceso, el juez de control le permitió llevar su proceso en libertad bajo la condición de que firme cada 15 días en el Centro de Justicia y que no se acerque a las víctimas ni se comunique con ellas.
Con información de: Proceso.
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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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