FGR podría ‘frustrar’ planes de Javier Duarte: ¿Qué se espera de la audiencia del 19 de noviembre?
La jueza federal Ángela Zamorano Herrera pospuso para este miércoles 19 de noviembre la audiencia en la que definirá si concede o no la libertad anticipada a Javier Duarte.
La decisión ocurrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó un aplazamiento durante la diligencia realizada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, el pasado martes, a partir de las 10:30 horas.
La audiencia se extendió por casi ocho horas, con dos recesos, y concluyó con la aceptación de la petición de la Fiscalía, según la información proporcionada por la autoridad judicial.
El exgobernador de Veracruz cumple una pena de nueve años por los delitos federales de asociación delictuosa y lavado de dinero. Fue detenido en abril de 2017 y ha permanecido preso durante ocho años y siete meses, lo que equivale al 95% de su sentencia, criterio que le permitió solicitar el beneficio de la libertad anticipada, conforme a la normativa aplicable. Estos datos provienen de la información incluida en el expediente y expuesta durante la diligencia judicial.
La FGR se opuso expresamente a que Duarte obtuviera ese beneficio. Expuso que existen acusaciones pendientes en Veracruz que podrían derivar en nuevas acciones penales.
Aseguró ante la jueza que presentará pruebas sobre estos señalamientos para sostener que la salida del exmandatario no procede. La Fiscalía argumentó que la existencia de estos procesos estatales justificaría que, aun si Duarte obtiene su libertad por los delitos federales, autoridades veracruzanas podrían detenerlo.
De acuerdo con lo presentado en audiencia, no hay datos adicionales disponibles sobre el estado procesal, la naturaleza específica o el avance de esas acusaciones locales.
¿Por qué la FGR podría frenar la libertad anticipada de Javier Duarte?
La posición de la FGR se centra en la existencia de causas abiertas en el ámbito estatal contra Javier Duarte. Este planteamiento introduce un factor que podría impedir el egreso del exgobernador, incluso si cumple los requisitos federales. La jueza deberá valorar si esos procesos estatales constituyen un impedimento legal para conceder el beneficio.
La presentación de pruebas sobre las acusaciones veracruzanas será determinante. Si la Fiscalía acredita su existencia y vigencia, la jueza podría concluir que la libertad anticipada no resulta procedente.
En caso contrario, Duarte podría quedar en posibilidad de obtenerla, aunque la decisión final dependerá del análisis judicial. La información conocida hasta ahora proviene exclusivamente de lo expuesto en la audiencia. No hay datos sobre documentos públicos adicionales que detallen las causas estatales mencionadas.
¿Qué podemos esperar de la audiencia del 19 de noviembre?
La jueza Zamorano Herrera deberá resolver si Duarte cumple los requisitos legales y si los elementos ofrecidos por la FGR tienen peso suficiente para impedir el beneficio. El resultado definirá si Javier Duarte permanece en prisión o queda sujeto a lo que determinen las autoridades de Veracruz.
Con información de El Financiero.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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